Los organizadores de la marcha de las velas por la paz y la vida, cumplida el miércoles de manera masiva, se volverán a reunir el próximo lunes para vigilar que las peticiones entregadas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, sean atendidas de forma inmediata.

Sobre la conformación de un comité de veeduría, Juan Fabara, padre de la niña que murió en una balacera, explicó que analizarán esa posibilidad junto a un grupo de abogados.


El  lunes se define si se conforma un comité ciudadano
Nuevas acciones tras marcha

Organizadores de la movilización piden a ciudadanía que se organice y se convierta en veedora de la paz y la seguridad.

Después de la marcha, la lucha por la seguridad continúa. Esa es la aseveración de los organizadores de la multitudinaria movilización por la vida y la paz, que se realizó el pasado miércoles.

Por ello, informaron, se reunirán este lunes para determinar las acciones que tomarán para exigir que las peticiones, que fueron entregadas al final de la caminata al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, sean atendidas de forma inmediata y que –aseguraron– deben complementarse con nuevos proyectos para reformar por completo la estructura de seguridad.

Por el momento, se  encuentran esperando un pronunciamiento oficial respecto de sus exigencias por parte del presidente de la República, Alfredo Palacio. Esto, después de que, al final de la marcha, entregaron el pliego de solicitudes al representante del gobierno en Guayaquil, Guido Chiriboga, quien se excusó de asistir a la manifestación, al igual que  el vicepresidente del Congreso Nacional, Alfredo Serrano, que también se había comprometido a participar.

Sobre la conformación de un comité de veeduría,  Juan Fabara, padre de la niña que murió en una balacera, explicó que analizarán esta posibilidad junto a un grupo de abogados, que los asesorarán.

Mientras tanto Ricardo Antón, otro de los organizadores, manifestó que  es la propia ciudadanía la que debe organizarse y presionar por el cumplimiento de sus derechos, a partir de “un cambio en nuestras conciencias, en nuestras formas de ver la inseguridad”.

“Lastimosamente, hemos asimilado a la delincuencia y a la impunidad como la cosa más normal. Hoy en día comentamos sobre los asesinatos como comentar un partido de fútbol... Todos debemos ser los veedores y asumir esas responsabilidades”, enfatizó.

REFORMAS LEGALES
Entre los pedidos presentados ayer consta la reforma inmediata al código penal, entre las cuales se solicita que se acepte la cadena perpetua y la aplicación de la máxima pena en reincidencia de los delitos.

DERECHOS HUMANOS
Billy Navarrete, miembro del Comité de los Derechos Humanos, dijo ayer estar en desacuerdo con que se hayan mantenido en reserva las peticiones que se publicaron en la movilización el pasado miércoles.

“Esas peticiones debieron conocerse conjuntamente con la convocatoria a la marcha para que en los barrios, en colegios y universidades se pueda debatir sobre esto”, señaló.

Sobre la solicitud de aprobación de la cadena perpetua, aseguró que “no se está considerando el hecho de que la sanción debe incluir la rehabilitación del que comete el delito”; por lo tanto, dijo, no apoya esta exigencia. Además, explicó que el que se incrementen las penas “no garantiza la disminución de la violencia, como ya se ha visto en otros países que aplican esta sanción”, afirmó.

PENALISTA
El penalista Rodrigo Buchelli admite que tienen trascendencia los gritos, la angustia, el exabrupto de la colectividad, pero aclara que esa no será la solución. “Cómo puede haber cadena perpetua si las cárceles son el basurero de la sociedad, donde se denigra al ser humano y la vida no tiene sentido”.

Dice que debe haber alternativas con base científica, ideológica y conocimiento del medio. “Podrá darse hasta la pena de muerte, pero no se llegará a nada si no se va a la raíz. El problema está en una política criminal donde quepan aspectos inherentes a la protección de bienes jurídicos, a un procesamiento adecuado, a un Código Penal compatible con las corrientes contemporáneas. Solo ahí tendremos  seguridad jurídica”, dice.

LA LEY PENAL
El artículo 450 del Código Penal vigente establece una pena de reclusión mayor extraordinaria, de 12 a 16 años, por el delito de asesinato. La sanción se impone siempre que el homicidio se cometa con alguna alevosía, ensañamiento, aumentando el dolor del ofendido, cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse, buscando la noche para cometer el hecho.

Cuando se trata de robo agravado (con violencia), el artículo 550 del Código Penal señala que este delito será reprimido con prisión de uno a cinco años, tomando en consideración el valor de las cosas robadas. La pena será de reclusión menor de tres a seis años, si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente.