La petrolera afirma que el conflicto se da, entre otras cosas, porque el Estado  quiso rechazar  definitivamente el acuerdo de inversión con la empresa.

“Sabotear”, “confiscar”,  “rechazar”, “despojar”, “represalia”, “pretexto” y “expropiación” son las palabras que Oxy utilizó en su pedido de arbitraje, en contra del Ecuador, al momento de redactar el documento.

El conflicto se origina en un claro intento por parte de los demandados (Ecuador) de “sabotear” y definitivamente “rechazar” un acuerdo de inversión por un monto que supera los $ 1.000 millones de Oxy, argumentó la compañía en la solicitud presentada la semana pasada ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas o Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

La empresa –consta en el texto– invirtió y operó en Ecuador durante 20 años “y por haberle ganado hace poco un arbitraje del IVA (petrolero) tomó represalias”.

Según la petrolera, el país,  en lugar de dar cumplimiento al laudo arbitral emitido en julio del 2004, inició inmediatamente un procedimiento (legal) para, mediante la caducidad, dar por terminados todos los contratos con Oxy y en consecuencia “confiscar” las inversiones de la multinacional.

Oxy es la empresa estadounidense que operó el bloque 15 y los campos unificados Edén-Yuturi y Limoncocha, hasta el 15 de mayo pasado.

Según el documento –que está en análisis para su registro en el Ciadi, previo a tramitarse o no la demanda–, Ecuador utilizó como “pretexto” una transacción efectuada hace cuatro años y de la cual tenían pleno conocimiento (las autoridades).

Esa acción, han expuesto las autoridades, es una cesión ilegal de derechos y obligaciones concretada sin la autorización del Ministerio de Energía. La multinacional defiende que esa transacción no es una cesión.

Según la transnacional, el país emprendió el proceso pero nunca detalló los alegatos o evidencias  en su contra, a pesar de que durante los cuatro años posteriores a la firma de la transacción con Encana (dado en el 2000) y que  “había sido aparentemente aceptada por la demandada (el Gobierno)”, Oxy había invertido millones de dólares para construir el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Durante el proceso, revela la solicitud, “el Procurador General del Estado reiteradamente amenazó a otros funcionarios de Gobierno con sanciones penales si no declaraban la caducidad”.

El régimen, a criterio de la petrolera, ha intentado justificar esa “confiscación” sin sustento jurídico, pues carece de las mínimas pruebas elementales.

Recientemente, dice el texto, otras presiones políticas crecieron mientras grupos políticos izquierdistas y otros reclamaban la “expropiación” de Oxy; estas presiones también llevaron al episodio de abril del 2006 (que terminó en) una reforma a la Ley de Hidrocarburos que, sin compensación, eliminó  la mitad o más del valor de los futuros flujos de caja descontados de Oxy y otras petroleras que operan en Ecuador.

Mediante la aprobación de la nueva ley dirigida a “despojar” a Oxy de una parte importante de sus ingresos y no satisfecho con esta medida extrema, el Gobierno decidió declarar la caducidad, dice.

Al hacerlo, manifiesta, el Gobierno ha tomado medidas que ilegalmente “expropian” sin ninguna compensación las inversiones de Oxy.

A partir de septiembre del 2004, cuando se originó la disputa, Oxy afirma que inició “inútilmente varias discusiones con el Gobierno con la intención de resolver y salvaguardar el mayor valor posible ante estos alegatos engañosos”.

Debido a esto, considera, las acciones de Ecuador constituyen numerosos incumplimientos al tratado y a las leyes internacionales, así como al contrato de mayo 21 de 1999, suscrito entre Oxy y Petroecuador. Por eso pide reivindicar sus derechos.

LEGALES

FECHA
Según la solicitud presentada por Oxy, las partes consintieron someter la disputa al Ciadi el 17 de mayo pasado, dos días después de haberse declarado la caducidad.

COMUNICACIÓN
Oxy remitió copias de la solicitud de la demanda al presidente de la República, Alfredo Palacio; al procurador José María Borja; al ministro de Energía, Iván Rodríguez; y al presidente de Petroecuador, Fernando González. La Oxy es acusada de haber transferido sin autorización del Ministerio de Energía, el 40% de los derechos y obligaciones del bloque 15, a Encana.