El Senado aprobó anoche un proyecto de ley que resguarda las fronteras y ofrece a millones de sin papeles la posibilidad de residencia permanente, en un raro compromiso bipartidista que da una victoria al presidente George W. Bush.


Decisión deberá ser ‘contrastada’ con proyecto de Cámara de Representantes
Senado de EE.UU. aprobó reforma

La enmienda favorece a ocho millones de indocumentados, aunque tendrá que  ‘armonizar’ con duras medidas migratorias antes de que sea ley.

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer una reforma migratoria que permite la legalización de millones de inmigrantes indocumentados, fortalece la vigilancia fronteriza y da a la Casa Blanca una importante victoria política.

La aprobación en el Senado, por  62 votos a favor y  36 en contra, elimina un obstáculo para hacer realidad los deseos de la Casa Blanca de legalizar a buena parte de la población indocumentada en EE.UU.

Muchos  senadores saboreaban ayer su victoria, aun a sabiendas de que el proyecto de ley debe pasar ahora por un difícil proceso de armonización con la versión que aprobó la Cámara de Representantes, a partir del mes próximo, antes de que se convierta en ley.

La mayoría de los demócratas, entre ellos Edward Kennedy, han insistido en que el proyecto de ley es “humanitario”, fortalece la seguridad nacional y reconoce los aportes de los inmigrantes.

Al final, los republicanos aceptaron a regañadientes algunas de las cláusulas, remachando la necesidad de mejorar, ante todo, la vigilancia fronteriza.

La aprobación reflejó la labor de los principales líderes del Senado, el republicano Bill Frist y el demócrata Harry Reid, que  encabezaron una frágil coalición a favor del plan de reforma.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, el sector empresarial, las organizaciones hispanas y grupos religiosos.

La medida declara el inglés como “idioma nacional” de EE.UU. e incluye, entre sus principales elementos, una vía hacia la legalización de al menos ocho millones de indocumentados, de un total de cerca de doce millones que se calcula viven en el país.

Asimismo modifica la lotería de visados, de manera que dos terceras partes de las 55.000 visas otorgadas anualmente se destinarían a profesionales en los campos de matemáticas, ciencias, tecnología o ingeniería.

Mantiene además los créditos tributarios que el Gobierno concede a trabajadores de escasos recursos para los inmigrantes indocumentados que soliciten “tarjeta verde”.

A lo largo del debate migratorio, los senadores de ambos partidos hicieron numerosas concesiones a cambio de mantener viva la frágil coalición bipartidista a favor de la legislación.

La versión del Senado tiene que ser armonizada con la que aprobó la Cámara de Representantes, promovida por el republicano James Sensenbrenner y que convierte en criminales a los inmigrantes indocumentados y a quienes les ofrezcan servicios.

Ese proyecto de ley creó una tormenta política, deterioró la imagen de los republicanos entre los hispanos y movilizó como nunca antes a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, con paros y manifestaciones multitudinarias.

Ante estas presiones, los principales representantes republicanos se han mostrado dispuestos a modificar las partes más restrictivas de la iniciativa de Sensenbrenner.

No obstante, otros republicanos continúan resistiéndose al plan del Senado, por considerar que no se puede otorgar una “amnistía” a quienes han violado las leyes migratorias del país.

Los legisladores de ambas cámaras reconocen la necesidad de solucionar la situación de los indocumentados ya establecidos en EE.UU., pero mantienen visiones polarizadas sobre cómo lograrlo.

Según el Centro Hispano Pew, en  2001 los indocumentados ocupaban el  58 por ciento del sector agrícola, el  16,6 del de servicios, el  6,4 del de la construcción y el  23,8 por ciento de los empleos domésticos.