El programa pretende que los casos no queden impunes por falta de testigos que temen represalias.
El Programa de Protección a víctimas y testigos del Ministerio Fiscal no cuenta con partida presupuestaria, pese a que así lo establece el reglamento creado para su aplicación y que entró en vigencia desde el 2002.
El director de Política Penal (e), Diego Zalamea, manifiesta que esta situación ha llevado a que el Ministerio Público asigne 30 mil, 40 mil y 50 mil dólares, en los años 2004, 2005 y lo que va del 2006 para poder funcionar.
Pero Zalamea agrega que pese a que este presupuesto resulta insuficiente, la oficina de Política Penal y su Programa de protección a víctimas y testigos ha realizado varias actividades creativas para cumplir su objetivo.
Según las estadísticas de la página web del Ministerio Fiscal y datos del Departamento de Política Penal, en el periodo del 2003-2004, 114 personas se acogieron al programa, mientras que en el año 2005 se protegió a 206 personas. De ellas el 60% son mujeres y 40% varones.
El artículo 1 del capítulo 1 del Campo de acción señala: “Serán objeto del Programa de Protección y asistencia las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando requieran protección y asistencia”.
Zalamea señala que la mayoría de esas víctimas ha tenido problemas de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Sin embargo, también se han acogido fiscales que se han sentido amenazados, testigos claves en casos de narcotráfico y trata de blancas.
Uno de los casos más sonados, en los últimos tiempos fue justamente la protección a los implicados en el caso del notario de Machala, José Cabrera, añade.
Para el director de Política Penal, uno de los más grandes retos actualmente es trabajar de manera eficiente en Guayaquil, donde el principal problema es la falta de estructura de una sociedad civil que provea ayudas, que en cambio en Quito y Cuenca sí existen.
En este sentido, el funcionario contempla la posibilidad de tener un acercamiento con el alcalde Jaime Nebot, para solicitarle que se cree un albergue para estos casos.
Aseguró que hasta el momento se han atendido cinco casos en Guayaquil, mientras que en la Amazonia se beneficiaron 30 personas.
Antonio Gagliardo, fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios y tráfico ilegal de migrantes y delegado de este programa en Guayaquil sugiere, ante los mínimos recursos con que cuentan, que las casas que embargan a los narcotraficantes y la de los coyoteros, estas últimas que todavía no se las puede hacer, sirvan para proteger a las víctimas.
La fiscal Smirnova Calderón manifiesta que en Guayaquil no se le ha dado la atención necesaria y plantea una mayor difusión del programa a la ciudadanía.
320 personas
se han acogido al programa del 2003 al 2005. En el último año se dio protección policial, albergue y varios reos fueron trasladados a otras cárceles.
50 mil dólares
asignó el Ministerio Público para este año al programa que ha brindado protección policial, conforme los casos, a través de las Unidades de Policía Comunitaria y firmado convenios.