En medio del traspaso iniciado por el Estado, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, extendió por dos meses más la emergencia y protección de los campos petroleros por parte de las Fuerzas Armadas, aunque descartó que esto se deba a la caducidad del contrato con la empresa Occidental.

La caducidad del contrato con la empresa petrolera  Occidental generó reacciones de autoridades estadounidenses que ayer calificaron a esta acción como una medida confiscatoria.

El subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Charles Shapiro,  anunció que la Oxy puede recurrir a los mecanismos establecidos en el Tratado Bilateral de Inversiones para revertir la medida.

Mientras tanto, Neena Moorjani, portavoz de la oficina del representante comercial de ese país, dijo que su gobierno “rompió los diálogos con Ecuador para un acuerdo de libre comercio”.

Ni habían llegado los ejecutivos y trabajadores de Oxy a sus oficinas y un escuadrón policial (7) ya resguardaba el ingreso a las instalaciones ubicadas en el edificio matriz del Banco del Pacífico, entre las avenidas Naciones Unidas y Shyris. Entonces, eran las 08h00.

Cincuenta minutos después empezaron a llegar los gerentes y jefes departamentales de la estatal Petroecuador, liderados por el presidente ejecutivo, Fernando González.

Había empezado el proceso de reversión anticipada –que podría demandar más de un mes– de los activos del bloque 15 y de los campos unificados (compartidos con Petroproducción) Edén-Yuturi y Limoncocha, tras la declaratoria de caducidad del contrato.

Una vez declarada la caducidad (sentencia dada la tarde del lunes) inmediatamente los bienes y enseres destinados a la operación petrolera deben ser devueltos, en cumplimiento con el artículo 75 de la Ley de Hidrocarburos, precisó González antes de su ingreso al edificio.

Junto a él estuvieron José Sánchez, gerente de Oleoducto; Luis Alfredo Troya, gerente de Economía y Finanzas; Jorge Luis Zapater, gerente de Comercio Internacional; Jaime Pinos, procurador; Fausto Jara, gerente de Operaciones, y su asistente.

Más tarde se incorporó Jaime Crown, vicepresidente de Petroproducción, filial de la estatal y un notario. Todos tenían la tarea de conocer y certificar cada trabajo que realizaba la estadounidense, pues de ellos depende, desde ayer, que se mantenga o mejore la administración y producción de la multinacional.

Desde ayer, todo el crudo de Oxy que se producía y exportaba es de propiedad del Estado. Como estrategia de seguridad, los trabajadores de Oxy no laboraron, por pedido de la misma empresa.

Y ¿de qué conversaron?, ya que el acceso a la prensa fue negado. “Les hice ver que la Ley dice: inmediatamente pasan (los activos) a propiedad del Estado”, respondió González a la salida de la reunión. Había ido solo a expresar la disposición que debe cumplir y dejar en las oficinas de la compañía a sus gerentes y jefes departamentales.

“(Los de la Oxy) no pusieron ninguna objeción (independientemente de la demanda que plantearán) porque es una sentencia dictada de acuerdo con la Ley; se agotaron todos los recursos, se les concedieron todos los medios de defensa y la decisión del juez fue la caducidad”, resaltó González.

Aunque Petroecuador ejecutará todas las operaciones de exploración y explotación de la compañía, no prescindirá del personal técnico, que en cerca del 90% es ecuatoriano, solo en los rangos ejecutivo y directivo se darán los cambios porque Petroecuador, con su propia política, tomará la explotación.

En la mañana también comenzaron con la posesión efectiva de los campos: en las áreas estratégicas se delegó a un representante de la estatal y Jorge Dután, superintendente del Distrito Amazónico de Petroecuador, encabezará el equipo.

En cuanto al 40% transferido a Encana, “se declaró nulo”, ya que esa fue la causa para que se iniciara el juicio.