El Concejo de Chone resolvió dar un plazo de treinta días para que el alcalde Eliécer Bravo (PSC) presente las pruebas de descargo por las presuntas irregularidades que determinó la Contraloría General del Estado.

Durante la sesión que se efectuó el sábado pasado y que contó con la presencia de los once ediles, se acordó que el alcalde continúe con las gestiones para impulsar obras en esta localidad.

La Contraloría estableció responsabilidades administrativas contra el alcalde y funcionarios municipales. En un informe el organismo de control solicitó al Concejo la destitución de Bravo.

Los concejales de oposición Horacio Barberán y Remigio Ponce, del PRE, dijeron que el Concejo debe proceder de acuerdo a lo solicitado por el Contralor con relación a la destitución del alcalde.

Ponce insistió en la destitución de Bravo por malos manejos de los dineros de Chone y pidió que en la próxima sesión se trate este problema.

La concejala Jacinta Moreira (PSC) dijo que se debe actuar de acuerdo al artículo 212 de la Constitución y que como el caso está en proceso de apelación por parte del alcalde no se puede tratar  este tema, por cuanto se tiene que esperar el dictamen  de los organismos pertinentes.

Recordó que el Concejo ya juzgó al alcalde entre el 12 y 13 de julio pasado. “Con presión   o sin ella tomamos la decisión, ante ello no podemos juzgar a  Bravo bajo la misma circunstancia”, indicó.

El alcalde dijo a los ediles que las leyes son claras y que mientras un proceso no esté ejecutoriado, a nadie se lo puede juzgar hasta su etapa final; aclaró que en su caso no se lo ha sindicado en  el ámbito penal.