Cuando el alcalde Nebot entregó la lista de los 17 fiscales cuestionados por no haber emitido fallos acusatorios en contra de avezados delincuentes, los reporteros de TV se lanzaron en una verdadera cacería de magistrados.

No solo contra los 17, sino en contra de otros como el ex Fiscal General del Guayas, quien en principio no estaba en la lista, pero era cuestionado por reporteros como Luis Antonio Ruiz de Teleamazonas.

Digamos que lo anterior se puede explicar por el compromiso con una causa de la comunidad y el celo por tomar cuentas a un poder donde operan grupos corruptos. Pero, cuando se aplica un doble rasero para medir hechos equivalentes, las cosas cambian.

La Embajada británica presentó una queja en contra del presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Armando Cervantes, por haber soltado a 10 acusados de narcolavado atrapados luego de una operación internacional conjunta de las policías de Ecuador, Gran Bretaña y el FBI estadounidense.

Son 10 acusados de delitos graves sueltos, no uno o dos pillos de poca monta. Se trata de una operación internacional donde las pruebas seguramente fueron mucho más contundentes de las que pueden recolectar los detectives locales, quienes no cuentan con las últimas herramientas criminalísticas.

Pero, ¿qué hace el mismo Luis Antonio Ruiz, reportero de Teleamazonas en su nota del viernes?
Enreda la suspensión de Cervantes ordenada por el presidente de la Suprema, Jaime Velasco, y le da un giro de presiones, persecución y malestar entre los judiciales del Guayas.

Su cierre fue decidor, pues presentó la suspensión del presidente de la Corte Superior de Guayaquil como “el inicio de un terremoto (de cambios de funcionarios), como se comenta en los corrillos del Palacio de Justicia de Guayaquil”.

Una de las cosas que más desconfianza me provoca como televidente es cuando las fuentes de una información no están expuestas con claridad y se utiliza aquello de “las fuerzas vivas”, “la sociedad pide”, “la comunidad exige” o estos “corrillos”. Ante frases así, las defensas suben: ¿Quién o quiénes son esas fuerzas vivas, esa sociedad, esa comunidad, esos corrillos? ¿Qué intereses representan para que el periodista no las revele con transparencia? ¿Qué grado de complicidad hay entre esa fuente oculta y el periodista que asume la fórmula?

Por eso, la mayoría de manuales de estilo de los grandes medios no admiten el rumor ni la fuente anónima para una información, salvo casos extremos. Cualquier jefe de noticias no admitiría unos “corrillos”  como fuente válida. ¿Por qué se lo tolera en Teleamazonas en un caso tan delicado como el de las irregularidades en la administración de Justicia?