Al despacho del Ministerio Distrital del Guayas y Galápagos llegaron el lunes pasado 18 acciones de personal, enviadas por la ministra fiscal general subrogante Cecilia Armas, comunicando las nuevas asignaciones para un igual número de fiscales, cuya tarea será encargarse de los procesos (indagaciones e instrucciones) de 17 agentes separados y uno removido a otra unidad.

Ello generó movimiento durante toda la semana en el Ministerio Fiscal del Guayas, por lo que  en los diez pisos del edificio se sintió la agitación por los traslados ordenados en Quito desde la Fiscalía General.

Los cambios se cumplieron sin objeciones y a fin de llenar las vacantes, el ministro del Guayas ordenó el traspaso de documentos y personas.

Aquello generó acumulación de procesos, por lo que los fiscales duplican esfuerzos para conocer y tramitar con celeridad las nuevas causas a ellos asignadas.

Un ejemplo son los 16 cuerpos de un juicio que planteó la telefónica Pacifictel en contra de Uniplex, que debió leerse en menos de cinco días la coordinadora de la Unidad de Misceláneos, Ana Ramos, para acudir este martes  25 de abril a la audiencia de juzgamiento fijada en uno de los tribunales penales. La causa la tramitaba el anterior agente Miguel Cruz.

Pero en el Ministerio del Guayas la tensión por los cambios y remociones se evidenció también en la cúpula. El  fiscal adjunto Dimitri Durán, quien asumió su cargo en septiembre del 2005 en medio de una pugna de poderes con el ex ministro fiscal Walter Tomsich, recibió esta semana un segundo rechazo.

El primero fue el sumario administrativo instaurado el pasado 12 de abril por la ministra fiscal Cecilia Armas, “porque no informó durante sus funciones las actuaciones irregulares de los agentes fiscales del distrito”.

La única propuesta que presentó fue considerada por la ministra Armas como antitécnica, porque aspiraba a cambiar fiscales de algunas unidades y crear otras diez áreas, donde no se presentan tantas denuncias.

La idea de Durán era incorporar las unidades de Secuestro Express y Sacapintas, con 2 fiscales; la de Delitos Tributarios, con un agente; delitos Ambientales y contra la vida animal, un fiscal; delitos contra la Administración Pública, 3 fiscales; delitos Electrónicos, informáticos con la propiedad Intelectual, 1 fiscal; delitos relativos a los servicios públicos y sus proveedores de lavado de activos, un fiscal; delitos cometidos por las pandillas juveniles y de plagio, con un fiscal. A ello se agregaban sus respectivos pasantes.

De este listado solo se discute la forma de cómo proceder para crear una nueva unidad de investigación para delitos de secuestro express.

El segundo traspiés del fiscal adjunto es la exclusión, el miércoles pasado, de la comisión que investiga las irregularidades de los fiscales del Guayas, de la cual el  12 de abril Durán fue asignado como veedor por parte de la ministra Cecilia Armas, a raíz de las denuncias efectuadas por el alcalde de la ciudad Jaime Nebot, en contra de la  actuación de los fiscales, ante  el crecimiento de la delincuencia.

La situación del ministro fiscal encargado, Jorge Blum Carcelén, es diferente. En la primera semana se  enfrentó a una serie de cambios y a las quejas de usuarios y abogados por los juicios represados y la falta de despacho de su antecesor.

Su primera medida involucró a la Policía Judicial. Determinó que “no se permitirán las detenciones indagatorias de más de  24 horas, por ello exige a la Policía que entregue los partes en menos de ocho horas”.

Blum también es cuestionado por la forma en que llegó al Ministerio Público luego del concurso de Merecimientos y Oposición.

El fiscal Héctor Vanegas y Cortázar, quien con 90 puntos obtuvo la calificación  más alta del país, dice que independientemente de la nota, la selección dependió de la entrevista personal con la ministra Cecilia Armas, que en el último concurso era obligatoria para los aspirantes.

Para Blum su cargo lo debe a sus méritos: un ejercicio profesional de  24 años; así como su función de conjuez del 3º ministro de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil en el año 1999 y la asesoría que brindó en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de  enero a diciembre del  2004.

“Que un profesional obtenga en un concurso determinada calificación, ello no refleja su real capacidad y probidad, pues de ser así el Dr. Jaime Velasco Dávila y el tratadista Alfonso Zambrano Pasquel, que ocuparon en su orden los puestos 14 y 22, con un puntaje de 60,87 y 56,86, respectivamente, no hubieran sido nombrados ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia”, indica Blum.

CAMBIOS
Las investigaciones del ex fiscal Enrique Montenegro en la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios se las asignaron a Manuel Uriguen Cueva.

Al jefe de la Unidad de Antinarcóticos, Jorge Solórzano, le tocó los procesos de Julio Vacacela. En esta área, Rita García reemplaza a Manuel Córdova.

La fiscal Yanina Villagómez tiene las causas de Carmen Martínez, en la Unidad de Delitos contra la Vida. Asimismo, se reemplazó en esta unidad a Manuel Alvear con Miriam Rosales Riofrío.

En Misceláneos hubo tres asignaciones: Rosendo Merino por Fausto Peralta; Ana Ramos (coordinadora) en lugar de Miguel Cruz; y a Héctor Vanegas y Cortázar le  dieron las causas de Carlos Tapia.

En la Unidad de Automotores las causas de Francisco Campodónico las tramita Justo Loor Chóez.

Por Marcela Estrada está ahora Fanny Castro Sánchez, en la Unidad de Delitos Sexuales.

A la fiscalía del cantón La Libertad llegó Jaime Shambi Huilcapi en reemplazo de Oswaldo Vera.

En Durán, Marlon Castro Haz tiene a su cargo las causas de Stalin Coca.
En la Unidad de Tránsito con el código vigente está Bolívar Morán Macay en lugar de Carlos Franco.

En la Unidad de Delitos contra la Propiedad Germán Dávila fue reemplazado por Fernando Yávar Umpiérrez; por Carlos Pérez está Víctor Sánchez Girón; Alexandra Castro Coronel está en lugar de Ana María Olarte, César Ponce por Ivonne Puga; y en el lugar de Fanny Castro, que se la movió a Delitos Sexuales, quedó Xavier Oquendo.

18 acciones de personal
llegaron de Quito para un igual número de fiscales del Guayas, con la orden de que reemplacen a 17 agentes destituidos y a uno removido de unidad, luego de la denuncia del alcalde Jaime Nebot, sobre irregularidades en el manejo de los procesos penales.