El ministro fiscal distrital del Guayas y Galápagos encargado, Jorge Blum Carcelén, emitió ayer dos oficios a la Policía Judicial y a la Comisión de Tránsito, con el fin de que se cumpla la disposición constitucional del art. 24, Nº 6, de que ninguna persona permanezca privada de su libertad por más de 24 horas sin fórmula de juicio.

En el documento el funcionario pide que se instruya al personal a su mando para que los partes de detención, junto con el historial del detenido y el examen médico preliminar, sean entregados en las primeras ocho horas al fiscal.

Una vez obtenidos estos documentos, el empleado del Ministerio Público deberá receptar la denuncia, la reconocerá y recibirá la versión del agraviado y, si es posible, de los testigos, para dictar antes de las 24 horas la resolución de inicio de instrucción (juicio).

En los casos de contravención, los partes serán dirigidos, en igual tiempo, directamente al juez de tránsito.

El nuevo funcionario aspira también a agilizar el trabajo de los fiscales, quienes además deben evacuar los procesos represados.

Esta tarea –señala Blum– debe comenzar desde el despacho ministerial, en donde existen alrededor de 300 juicios de su antecesor por evacuar.

Al respecto, el ex ministro Walter Tomsich se defiende y manifiesta que el volumen de procesos a los que se refiere Blum corresponden a las causas ingresadas el pasado mes de marzo, entre consultas civiles, laborales y colusorias.

“Blum tiene 70 dictámenes que dejé aprobados, listos para ser firmados, los que no pude cumplir por mi traslado”, aclaró Tomsich, tras agregar que desde el año 2000 hasta el pasado mes de abril él despachó un total de 8.312 causas.

Paralelamente, la fiscal general subrogante, Cecilia Armas, destituyó al fiscal de Tungurahua, Iván Flores, por conducir en estado de embriaguez, manifestar una conducta irregular y generar un escándalo público.

Según la Fiscalía, la mala actuación de Flores consta en los testimonios de los oficiales que participaron en su detención y en las copias del fallo dictado por la Corte Superior de Ambato, en contra del ex funcionario.