Argentina puso en marcha ayer un plan para regularizar la situación de unos 750.000 extranjeros indocumentados, una iniciativa empujada por la muerte de seis bolivianos, cuatro de ellos menores, en un taller textil clandestino de Buenos Aires hace dos semanas.

El programa, llamado Patria Grande, está destinado a ciudadanos del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y de los países asociados al bloque, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, que viven en situación irregular.

Según cálculos oficiales, unos 750.000 extranjeros, la gran mayoría sudamericanos, viven sin documentos en Argentina, aunque, según el actual gobierno, se regularizó la situación de 130.000 desde que asumió en el 2003.

El plan prevé que a los indocumentados se les concederá en una primera etapa una radicación temporaria que les permitirá trabajar legalmente y recibir prestaciones de salud, y en una segunda etapa podrán obtener una residencia temporaria por dos años, todo  a través de trámites gratuitos.

Al fundamentar el programa, el gobierno argentino considera que los indocumentados son “condenados a la marginalidad, se les impide obtener trabajos, no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social, no pueden ser sujetos de créditos y no tienen acceso a una vivienda digna”.