El ministro de Economía, Diego Borja, insistió en que las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas el pasado miércoles por el Congreso Nacional, es un instrumento jurídico que se apega a las normas constitucionales y a los tratados internacionales de protección de inversiones firmados por el Ecuador.

Ayer, minutos antes de viajar a Brasil, donde participará en la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, Borja explicó que  ese instrumento tiene coherencia con el acuerdo firmado con Estados Unidos donde se menciona claramente que las dos partes, es decir, las empresas y el Estado, están protegidos con justicia y equidad.

“Este instrumento le permite al Estado ecuatoriano y no solamente a las empresas petroleras, participar en los inmensos recursos que han producido los aumentos de los precios del crudo”, afirmó el funcionario.

Dijo que “en los últimos años, las compañías petroleras han obtenido, solo en los contratos de participación, alrededor de $ 2.100 millones de ingresos extraordinarios”.

Esas reformas, además, “le permiten al Estado recuperar recursos de capital para invertirlos en la reactivación de la economía”.

Respecto al veto que tendrá que imponer el Ejecutivo, Borja señaló que “es una potestad exclusiva del Presidente; nosotros le hemos entregado una serie de elementos técnicos para que los evalúe y tome la decisión”.