Así fue como un embajador extranjero definió a los contratos que firma el Estado ecuatoriano con inversores extranjeros.
Valen igual que un papel mojado. La aprobación por parte del Congreso de una ley que reforma unilateralmente contratos pactados años atrás no hace sino confirmar esta apreciación. Esta ley constituye una manifiesta violación de la Constitución y de tratados internacionales, por muy loables que parecen ser sus propósitos. Basta saber leer y tener un mínimo de conocimiento de derecho para llegar a esta conclusión. El Gobierno tenía otra alternativa. La de negociar una modificación de los términos contractuales. No habría sido la primera vez. Ya se ha hecho en el pasado. Sin embargo, en un acto cargado de demagogia, tomó el atajo de violar juntos la Constitución y varios tratados, sin importarle las consecuencias.
Argentina también tomó este atajo. Años atrás la Ley 25.541 declaró reformados los contratos públicos vigentes. Pudo haberlos renegociado. Pero optó, como el Ecuador, por la vía fácil. El resultado para Argentina fue 40 demandas internacionales por una cuantía que supera los 1.000 millones de dólares. Algo parecido podría suceder acá. Esta es la herencia que se le deja al próximo gobierno que elegimos este año.
La jurisprudencia que a raíz de la nueva Constitución han desarrollado tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional alrededor de la garantía de seguridad jurídica (Art. 23) y la garantía de la estabilidad contractual (Art. 249) va en sentido opuesto a lo aprobado por el Congreso. (Pero, ¿les importará esto a los diputados?, ¿la habrán leído..?). No se diga la jurisprudencia internacional producida en aplicación del derecho internacional de inversiones. Jurisprudencia que incluye el caso Occidental, por supuesto, que hoy es considerado a nivel internacional como uno de los paradigmas de lo que significa “inseguridad jurídica” y violación de un trato justo y equitativo a un inversor. No solo que la dirigencia política local no ha sacado ninguna lección de ese fallo arbitral, sino que parecería que se esmera en que se repita ahora por decenas.
¿Quién pagará las consecuencias de la aventura emprendida por el Gobierno y el Congreso? No sus responsables, ciertamente. El costo para el fisco será enorme, como lo será la pretendida confiscación de Occidental. Claro que con motivo de la aprobación de la ley o la mencionada confiscación, nos lloverán los patriotas; listos para rasgarse las vestiduras en las próximas elecciones. Pero no son ellos los que pagarán el costo de este absurdo. Este circo lo paga la sociedad entera que se ve privada de recursos, inversión, trabajo y tecnología.
Hasta cierto punto, lo que acaba de hacer el Congreso era previsible. La cultura de vivir al margen de la Constitución –otro papel mojado...– y de la legalidad se ha enraizado profundamente. Allí están las decenas de demandas internacionales por violación de derechos humanos, la persecución judicial de inocentes, el derrocamiento de presidentes, el cierre de carreteras, etcétera. La comentada ley, más que expresión de nuestra soberanía, es expresión de esta tradición de salvajismo.