La pedagogía de la fuerza se ha impuesto nuevamente y ha sido la única vía para que el país comience a discutir sobre los aspectos de fondo del TLC con Estados Unidos. Pese a la negativa de las organizaciones indígenas a tratar detenida y técnicamente los temas, el paro que ellas impulsaron ha tenido la virtud de llamar la atención del Gobierno, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de algún político medio despistado. Por primera vez se han exhibido cifras, aunque en muchos casos estas sirvan solamente para sustentar posiciones que están más cargadas de ideología que de análisis. De todas maneras, más vale tarde que nunca dice la sabiduría pesimista de la filosofía de la resignación, y así habrá que tomarlo.

Seguramente por haberse producido tan a destiempo y por el alto grado de ideologización, pero también por un cierto temor a mirar las cosas en toda su crudeza, el debate se ha quedado en los aspectos superficiales, básicamente en los efectos de corto plazo de la posible vigencia del tratado (solo en menor medida, y casi siempre como anuncio apocalíptico, se ha visto el otro lado de la medalla, el de la situación sin TLC). No está mal, de ninguna manera, tratar de prever los resultados y tomar los resguardos que sean necesarios, pero el verdadero problema no se encuentra en ese campo.

Lo que debe colocarse en el centro de la preocupación nacional es la viabilidad de la economía ecuatoriana y especialmente de su sector agropecuario. Con TLC o sin él, la incógnita está en los niveles de productividad, en la capacidad de generar empleo, en los niveles de ingresos y en su distribución, así como en las posibilidades que tiene para competir afuera y adentro con los productos de otros países. Desafortunadamente, todos los diagnósticos disponibles sobre la economía nacional no dejan mucho espacio para el optimismo en todos esos indicadores.

Tres de ellos demuestran que la situación es tremendamente delicada. Primero, el sector agropecuario está orientado básicamente a la subsistencia y tiene escaso potencial en el corto plazo. No es casual que la pobreza rural afecte a más del 80% de la población, y que se haya mantenido mientras la urbana ha descendido. Segundo, la capacidad de creación de empleo es incipiente, lo que se traduce sobre todo en el subempleo que afecta a más de la mitad de la población económicamente activa. Tercero, los niveles de productividad de la mayor parte de sectores y ramas están por debajo de la media latinoamericana, lo que a su vez redunda en bajas remuneraciones y se convierte en duro obstáculo para una mejor distribución del ingreso. La tarea central, que debe traducirse en una política sostenida durante varias décadas, es enfrentar decididamente esos y otros problemas. Es importante obviamente evaluar si el TLC los agudizará o ayudará a superarlos, pero no se puede restringir a eso. Es necesario abordar las denominadas líneas rojas de la negociación, que no son sino la expresión dramática de nuestra realidad.