El alcalde (e) de Guayaquil, Luis Chiriboga Parra, y los representantes del sector productivo de esa ciudad exigieron a la fiscal general Cecilia Armas una respuesta sobre su pedido de reorganización del Ministerio Fiscal de esa jurisdicción.

Según un comunicado de esos sectores, llegado a la Fiscalía el miércoles pasado, el pedido de reformas se formuló el 18 de agosto del 2005, pero aún no se lo acepta.

La intención de la solicitud  es combatir la inseguridad pública que afecta al Puerto Principal, meta que no se logrará –según los peticionarios– si no mejora el accionar de la Fiscalía Distrital.

Según ellos, el objetivo se plasmará en la práctica si hay un proceso de desconcentración de decisiones a nivel local, que vaya seguido de una revisión periódica de causas penales.

Por ello, piden que se acoja y se ponga en práctica el plan de acción que fuera planteado por el fiscal adjunto del Guayas, Dimitri Durán Mackliff, y que desde el pasado 13 de marzo está en conocimiento de Armas.

Allí se solicita la creación de varias unidades, entre ellas una de delitos de pandillas juveniles y otra de delitos electrónicos, informáticos y de propiedad intelectual.

La fiscal general Cecilia Armas se pronunció a los diez días y le hizo conocer a Durán que no se había hecho énfasis en la cuestión de personal y presupuesto para este proyecto. Además, le recomendó que se sujetara a sus labores preestablecidas, ya que estas funciones le pertenecen al Fiscal Distrital, Walter Tomsich Pérez.

El 24 de marzo Durán envió otra comunicación en la que volvía a proponer el mismo proyecto, con algunas de las recomendaciones de Armas. Sin embargo, no ha recibido un nuevo pronunciamiento por lo que el miércoles pasado los peticionarios insistieron en su solicitud.

A más de Chiriboga Parra, firman la carta los representantes de las cámaras de Industrias, Comercio, Pequeña Industria, Construcción, de Acuacultura y Pesquería. También la Junta Cívica y las Asociaciones Ecuatorianas de Canales de Televisión y de Radiodifusión.