Familias que han sido desmembradas. Personas de bajos recursos económicos que, aseguran, haberse quedado “más pobres” con los gastos de trámites legales.
Niños que lloran a sus madres por el alimento que sus padres no pueden llevar a casa. Ancianos que sufren quebrantos en su salud, porque tienen a sus familiares tras las rejas. Es lo que ha dejado el caso Manzanillo, en el que se ha reconocido que hubo un mal manejo procesal.

“Mi familia ahorita no existe. Desde que caímos en desgracia nos separamos”, dice apenada Bexi Cueva cuando comienza a narrar lo que es su vida desde que su esposo, Luis Espinoza, fue detenido, el 26 de julio pasado. Con él tiene cinco  hijos: Samari (14), Joyce (12), Óliver (3), Eva (2) y Micaela (1). Tres de ellos están en Loja con varios parientes.

“Los encargué porque no había con qué comer”, cuenta la mujer que ha rebajado casi 25 libras desde esa fecha. “No llego ni a las 90”, dice cuando se refiere a su peso, que perdió por la preocupación de ver a su esposo preso y porque su alimentación no es buena.

Todos los días sale antes de las siete de la mañana de El Recreo (Durán) y regresa más allá de las diez de la noche. A  esa hora recién come lo poco que hayan preparado sus hijas. Al mediodía, cuando llega la hora del almuerzo, toma un jugo para mitigar el hambre.

“No me queda más. Tengo que ahorrar”, dice, y se le quiebra la voz, antes de que sus ojos se llenen de lágrimas, porque se ha quedado sin dinero. Debe ocho meses de alquiler, le han cortado la luz y lo que es peor no tiene cómo matricular a sus hijas mayores para el próximo año lectivo. 

Hoy sobrevive con la ayuda de su familia y unos amigos. No muchos, “porque hay quienes al escuchar narcotráfico se asustaron”, cuenta la mujer, quien hace dos años se recibió como odontóloga, profesión que no ha podido ejercer porque el consultorio que iba a instalar quedó en planes.

 Hoy, en su casa, solo tiene el sillón donde  iba a tratar a sus pacientes. Pero cree que lo venderá para seguir cubriendo los gastos que demanda la defensa de Espinoza. Ella confía en que se lo declare inocente, porque recién tenía dos meses como chofer de Raticorp y “es pobre, pero honrado. Un traficante vive cómodo.
Nosotros máximo teníamos una comida al día”, dice indignada.

Ella también cree en la inocencia de Pedro Noboa, con quien su esposo trajo la pulpa de fruta (en la que se halló la droga) desde Quito. “Don Noboa está peor”, refiere Bexi, y confiesa que en cada trámite también intenta ayudarlo, porque él no tiene familiares en Guayaquil y su esposa, que vive en el recinto Chilintomo (Babahoyo), “no viene a gestionar nada porque no conoce  nada de esta ciudad y tampoco se arriesga a dejar a sus hijos solos en el campo”, cuenta.

Otra familia que está desmembrada por el caso Manzanillo es la de Martha Luzuriaga. Su esposo, Walter Luna, está escondido, porque es considerado cómplice. Sus hijas, de 4 y 6 años, viven con sus suegros, Cleofé Luna y Antonieta Álvarez, de 69 y 65 años, respectivamente, que desde julio pasado tratan de comprender a las niñas que se han vuelto rebeldes y muy irritables.
Al momento, don Cleofé, quien hace ocho meses sufrió un infarto, y su esposa tratan de conseguir dinero para matricularlas en alguna escuela.

Pero el vía crucis de ellos no termina ahí. La menor de sus hijos, Catalina, también fue implicada en el caso y, con vigilancia policial, permanece en el hospital Lorenzo Ponce. La situación le afectó los nervios, la hizo alucinar, sufrió lagunas mentales y depresión.

Desde la cama 9 de cuidados intermedios, la joven de 25 años defiende su inocencia. Cuenta que lo único que hizo fue la declaración de tributos de Distrinet (exportadora), pero desconocía el negocio fraudulento de esa empresa.

“Si hubiera sabido del ilícito jamás les habría servido”, asevera esta ingeniera comercial de la Espol, que integra un movimiento de vida cristiana y que en dos años había ahorrado $ 2.300 para ir a un encuentro de jóvenes con Benedicto XVI, en Alemania. Pero jamás viajó y su dinero ya se extinguió en los trámites legales.

5.514 HORAS
esperó Catalina Luna para que le permitieran defenderse. Pero cuando la detuvieron le dijeron que era  por seis horas.