La Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador informó ayer que el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos es inconstitucional y “generaría nuevas contingencias legales”. Eso, debido a que el proyecto no considera los costos que también han aumentado por el mismo efecto: el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional.

René Ortiz, presidente de la Asociación, sugirió el retiro del proyecto urgente y señaló que las empresas están dispuestas a renegociar sus contratos, como ya lo plantearon hace algunas semanas.

El empresario dijo además que los beneficios que recibe Ecuador de los contratos petroleros “se ubican bien, cuando se comparan con otros países de la región y del mundo”.

El Estado, afirmó, recibe más del 50% de las ganancias extraordinarias del precio, así como una “considerable renta petrolera; dos de cada tres dólares pasan al Estado  en cada tipo de contrato”. Además, recalcó, el Ministerio de Energía es la única autoridad para la renegociación de los contratos petroleros.

La propuesta de repartirse en iguales porcentajes la utilidad extraordinaria obtenida con la venta de cada barril de crudo en el mercado internacional, entre el Estado y las privadas, surgió del ministro de Economía, Diego Borja.

De acuerdo con Ortiz, si se ajustan los precios del crudo con los índices inflacionarios y los costos de producción el precio base sobre el cual se generan los beneficios adicionales no es diferente a los precios reales del crudo.

El martes, en una comparecencia ante la Comisión de lo Económico del Congreso, Borja dijo que el Gobierno optó por la reforma a la Ley, porque las compañías se han negado a negociar voluntariamente.

Las petroleras, por su parte, aclararon que si esa propuesta pasa, ningún contratista estaría en condiciones de invertir porque se ha demostrado inseguridad jurídica y alterado el artículo 2 del proyecto, referente a la conmutabilidad y favorabilidad.