La medida busca garantizar la normal producción de crudo y evitar el sorpresivo ingreso de   manifestantes.

Desde ayer, el decreto de emergencia que declaró como zonas de seguridad a las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, desde  el  7 de marzo, se limitará a las instalaciones petroleras, dijo ayer el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El objetivo: garantizar la producción normal de crudo y evitar el ingreso sorpresivo de manifestantes. Las nuevas zonas de seguridad son los campos, la infraestructura, las actividades y las facilidades relacionadas con la  actividad petrolera, dijo el funcionario.

En esas zonas se suspenden algunos derechos ciudadanos y se garantizará el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. En caso de infracciones, tentativa o comisión de delitos ligados con el sabotaje o la paralización de servicios públicos, se sancionará penal y administrativamente, de acuerdo con lo que establece la Constitución.

La petrolera opera en una extensión de  690.000 hectáreas y las privadas en una de 3’983.000, dispersas entre Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza (donde no rige la emergencia). Entre tanto, los tercerizados de las contratistas (que ofrecen servicios específicos) de Petroecuador, se reintegraron paulatinamente a sus labores, tras el cobro atrasado de sus salarios.

Ayer, la producción se ubicó en  166.117 barriles y en el transcurso de  esta semana se intentará llegar a los  190.000 barriles. Jaime Crow, vicepresidente de Petroproducción, recalcó que una vez saldadas las cuentas con las contratistas y tercerizadoras, empezarán las reuniones con cada  una de ellas para determinar responsabilidades.

Muchos de los trabajadores que protestaron la semana pasada estaban impagos, pero no por culpa de las deudas que mantiene Petroecuador, sino por el descuido e incumplimiento de las cláusulas del contrato de sus patronos (las tercerizadoras), dijo Crow.

Según el funcionario, una de las obligaciones de las tercerizadoras es tener el dinero suficiente para operar impagas hasta tres meses, de ahí que  en las reuniones que mantendrá con cada una verificará si eso se cumplió.

Entre tanto, Luis Ubidia, uno de los dirigentes del paro, precisó que no todos los tercerizados ingresaron a laborar. Al menos unos 300 esperan que su principal representante sea liberado y no reciba sanciones. Sin embargo, garantizó Ubidia, se  está dejando laborar a todo el  que ingrese a las instalaciones petroleras.