El hecho de no incluir en su declaración de bienes los datos de una empresa constituida en Estados Unidos por parte del procurador general del Estado, José María Borja, lo puede llevar a dos juicios, uno político y otro penal, según fuentes consultadas por este Diario.

El legislador Carlos González, de la Izquierda Democrática (ID), aseguró ayer que está llevando una investigación sobre el caso y que las pruebas que ha recolectado las enviará al Ministerio Fiscal, y luego llamará a Borja a un juicio político.

“Como vocal de la Comisión de Fiscalización del Congreso, estoy investigando la declaración de bienes del Procurador. Tomando en cuenta  que es juramentada, en la ley se presume como perjurio. Eso puede llevarlo a un juicio penal y a otro político“, explicó el diputado González.

Para el constitucionalista Ernesto López, la figura de perjurio (falso testimonio ante un juez) por no declarar bienes de un funcionario público es cuestionada por algunos juristas.

Sin embargo, él no lo considera así. “Hay posiciones jurídicas que dicen que no hay perjurio en estos casos, porque no se declara ante una autoridad, pues los notarios no lo son. De todas maneras a este caso (el de Borja) creo que se le puede seguir un proceso por perjurio”, refirió López.

 Con respecto a las contradicciones que ha tenido Borja con sus absoluciones, López manifiesta que la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría en la que se reforzó la facultad de absolver consultas de otros organismos del estado es inconstitucional.

 “Tengo varios casos en los que se pueden cuestionar las opiniones del Procurador. Mi postura es que su actuación como Procurador es muy precaria. Para mi modo de ver, el hecho de que los criterios del Procurador sean vinculantes es totalmente inconstitucional”, concluyó López.

El ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Hernán Ribadeneira Játiva, aseguró que este hecho puede ir más allá. “Ha habido otros casos en los que no se ha declarado el patrimonio; y por lo que en ellos ha pasado, aparte del perjurio, también se puede considerar como enriquecimiento ilícito”.

El diputado Andrés Páez (ID) sostuvo que el procurador José María Borja es uno de los que más está obligado a cumplir con la ley, especialmente con la constitución de su patrimonio. "Todos los funcionarios públicos debemos tornarnos  espejos en donde la sociedad pueda ver reflejado el apego a la ley", manifestó.