La decisión en el caso del ex presidente Gutiérrez era tan predecible como la adoptada por la Queen’s Bench Division en el caso de la Oxy. En este último habría sido suficiente leer los varios precedentes judiciales que existen en Inglaterra sobre la materia para saber que la sentencia iba a ser negativa a la demanda del Gobierno ecuatoriano. En el otro caso habría sido suficiente leer la disparatada denuncia presentada por el actual Gobierno para llegar a la conclusión de que aún en el Ecuador una cosa como esa no podía prosperar.
Nuestro sistema judicial pasa por una gravísima crisis pero no es para tanto. No para condenar a la cárcel a un Presidente derrocado acusándolo de sedición por el hecho de haber declarado ante medios de comunicación que no aprobaba lo que le habían hecho. Lo extraño de este caso es que se ha anunciado que se va a apelar de esta decisión. Es decir, se insiste en la tesis que las declaraciones de un político en contra del gobierno de turno –que en este caso está allí gracias al derrocamiento del anterior– constituyen el delito de sedición.
El asunto se agrava aún más cuando por cuerda separada se ha iniciado otra causa penal a la misma persona por atentar a la seguridad del Estado por haber asumido –según la acusación– procedimientos inconstitucionales durante el ejercicio de su autoridad.
Esto es más que increíble. Los delitos “contra la seguridad del Estado” han sido los delitos favoritos de las más execrables dictaduras. En nombre de ellos, los sistemas totalitarios de izquierda y de derecha, recientes y no tan recientes, han cometido las peores barbaridades del siglo XX. Bajo estas sombras de opresión, todo disidente terminaba tarde o temprano acusado de atentar contra la seguridad del Estado.
Si en el Ecuador se permite que prospere esta doctrina por el prurito de castigar a tal o cual político que no es del agrado de algunos, se está creando otro precedente nefasto para nuestra moribunda democracia. Ya tenemos bastante con aquello de declarar “inexistente” ciertas providencias judiciales que estaban firmes y gozaban de la autoridad de cosa juzgada por el simple hecho de que ellas favorecían a un político que representa una amenaza electoral para algunos, como para tener ahora que soportar que se entronicen en el Ecuador los “delitos contra la seguridad nacional” o “del Estado”.
Si se llega a la conclusión de que actuaciones inconstitucionales se convierten automáticamente en infracciones penales, el Ecuador a estas alturas no tendría dirigencia política. No habría Congreso, ni partidos, ni cortes, ni Ejecutivo, ni militares. No habría quién nos gobierne, en definitiva. En los últimos años si hay algo que ha caracterizado a nuestra dirigencia política –junto a su pobreza intelectual y poco patriotismo– ha sido precisamente su atropello a la Constitución.
El que se acuse a uno y no a todos es tan sospechoso como aquello de declarar “inexistentes” únicamente ciertas providencias judiciales y no a todas las dictadas por la misma Corte.