Los agentes del Ministerio Público se defienden de las acusaciones de secretarios y presidentes de los tribunales penales, y niegan ser los responsables del aplazamiento de las audiencias de juzgamientos.

Para ellos, el problema se produce por la mala coordinación de los tribunales para fijar las fechas, debido al exceso de trabajo y a la acumulación de procesos.

Aducen que generalmente se programan en la semana un promedio de 60 a 80 audiencias, cuyas fechas se cruzan, por lo que es imposible que el fiscal acuda a todas, pero esta situación queda justificada por escrito.

Aclaran que la consigna es acudir a los juzgamientos, los cuales se aplazan, en la mayoría de los casos, por la inasistencia de los defensores públicos, los testigos claves o los miembros policiales, pero nunca por la falta del fiscal.

Ellos aducen que son los más interesados en que se efectúen las diligencias, por cuanto eso implica la culminación de todo un trabajo investigativo, y de una ardua tarea de recolección de evidencias y de preparación de testigos.

Reconocieron que también existe un desfase en las audiencias preliminares.