Un diccionario de bolsillo que en este momento estoy consultando describe la palabra terrorismo como: “Acciones tomadas premeditadamente, fuera de la ley, con el propósito de sembrar el caos y el terror”. Todos los países tienen leyes que castigan duramente este tipo de acciones, pues es uno de los peores y más peligrosos males de la sociedad actual. En nuestro país, el Código Penal, capítulo IV, sobre delitos de sabotaje y terrorismo, artículo 158, reza: “Sabotaje a servicios públicos o privados: Será reprimido con reclusión mayor el que, fuera de los casos contemplados en este código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte con el propósito de producir alarma colectiva”.
Esto fue exactamente lo que ocurrió en el Oriente en días pasados. Si bien los reclamos de dichas poblaciones pueden ser totalmente justos y su ira e impaciencia absolutamente justificadas, nada puede dispensar que se lesionen los intereses del país de la forma en que se lo hizo.
Guayaquil ha sido víctima del centralismo por décadas. Para muestra solo un botón: no solamente que las asignaciones presupuestarias en educación son, per cápita, casi la mitad que las de un par de provincias privilegiadas, sino que la misma cifra es válida para la infraestructura educativa. Mas, no se ha visto que las fuerzas vivas, menos las autoridades locales, se hayan tomado el Puerto o el Puente de la Unidad Nacional, pese a que ganas no han faltado.
Gracias a Dios Ecuador no tiene energía nuclear, aunque paradójicamente tengamos una Comisión de Energía Atómica, porque algunos no dudarían en amenazar con lanzar una bomba de hidrógeno si no se cumplen sus pretensiones.
El Ministro de Defensa ha advertido que podemos llegar a los niveles de conflictividad de Haití, y creo que le asiste la razón. Señala Oswaldo Jarrín en declaraciones a este Diario que “los habitantes que reclaman atención del Estado han recurrido al chantaje, la coacción, el secuestro, de tal manera que el desorden ha llegado a un clímax en el cual la ley no puede ser aplicada”.
Lo que no comparto es que la ley no pueda ser aplicada, porque entonces tendríamos que reconocer que estamos en una guerra civil, lo cual considero no es el caso, por lo menos por el momento. ¿Por qué el Fiscal General no recurre al Código Penal, capítulo IV, artículo 158, para solicitar castigo para quienes en el Oriente causaron alarma colectiva? Si no lo hace, ¿qué detiene a los habitantes de las comunas alrededor de la Central de Paute, por ejemplo, de tomarse las instalaciones, cuando tengan pedidos no atendidos, y cortar el suministro de energía eléctrica del país?
Por otro lado, el Ministro culpa a las autoridades regionales del caos. Tan culpables son las autoridades regionales como las del Gobierno central. Es el centralismo el que tiene asfixiadas a casi todas las provincias. Lo que las autoridades provinciales y municipales deben entender es que la solución no está en pedir asignaciones presupuestarias, pues el siguiente año se repetirá esta situación, sino que está en solicitar la total autonomía, asumiendo todas las competencias posibles.