Para la Contraloría, la época de la llamada “burocracia dorada” llegó a su fin. Desde mañana, el organismo de control iniciará una revisión a las cuentas de las empresas públicas para que todos los empleados que ganaron más de $ 8.000 al mes devuelvan con intereses los montos al Estado.

La decisión se tomó hoy luego de la denuncia que el secretario de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres), Abel Echeverría, y el presidente de la Comisión de lo Laboral del Congreso, Andrés Páez (ID), presentaran ante el contralor Genaro Peña.

Peña recordó que desde octubre del 2003 ningún funcionario público puede ganar más de ocho mil dólares, que es el sueldo del Presidente de la República. Lo hizo con papeles en mano, entre ellos una comunicado del procurador José María Borja del 16 de febrero en la que admite que “todos los funcionarios públicos están bajo las regulación de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa con los límites salariales que ello implica”.

Echeverría mostró ante la prensa con un poco de ironía ejemplos entre los cuales consta el sueldo del último Superintendente de Bancos. “Se rebajó el sueldo a 7.999 dólares, es decir, un dólar menos que el Presidente, para cumplir con la norma”.

La resolución de Contraloría molestó a los servidores públicos, que ya anuncian movilizaciones para los próximos días, informó Teleamazonas.