“Si un detenido no tiene acceso a un juez en el lapso de 90 días, no podemos hablar de un sistema acusatorio”, dijo enfáticamente Leyla Zerrougui, delegada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la visita que realizó el viernes pasado a la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ), para analizar el tema de las detenciones arbitrarias en el Ecuador.

Zerrougui, quien estuvo acompañada de los comisionados Soledad Villagra, Miguel de Lalama, Thierry del Prado, Peter Grimsditeh, Pedro Espinoza, José Balseca y Gustavo Endara, de la Cancillería, conversaron con jueces, magistrados del área Penal, de Tránsito y la Niñez de la Corte de Guayaquil.

Previo a la reunión los delegados visitaron el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, donde recopilaron las quejas de los presos.

“En la mayoría de los casos no se cumple con las garantías del debido proceso de un detenido”, dijeron.

Los jueces se quejaron de la falta de recursos humanos y económicos para cumplir con la ley.