La fiscal general, Cecilia Armas, se abstuvo de acusar, en su dictamen del caso polvorín de Riobamba, al  ex jefe del Comando Conjunto  de  las Fuerzas Armadas, Óscar Isch y al ex comandante del Ejército, Norton Narváez.

La decisión de Armas se dio pese a que  el fiscal de Chimborazo, Juan Rivera, emitió dictamen acusatorio, con pedido de prisión preventiva por el delito de homicidio inintencional, en contra de esas ex autoridades, al igual que del ex jefe de la Brigada Blindada Galápagos, Roberto Drouet.

Luego de un poco más de tres años (20 de noviembre del 2002) de la explosión  de  la Brigada, que destruyó parte de Riobamba, Armas acusó del delito de homicidio inintencional al coronel Marco Tapia, a Pablo Figueroa Montiel, al mayor William Egüez, al capitán Byron Sierra Tapia y al suboficial Euclides Bonifaz. El homicidio inintencional, según el Código Penal, es sancionado con tres meses a dos años de prisión y una multa de ocho a  31 dólares. El caso pasó a conocimiento de la Fiscal General por el fuero del que gozaban los generales del Ejército.

Durante las investigaciones del caso, según el pronunciamiento de Armas, se solicitó un informe a la Junta Resolutiva de accidentes de la Fuerza Terrestre, en el que se concluye que la explosión se debió a la falta de control y a la inobservancia de los manuales y normas de seguridad para este tipo de labores.