En su informe a la Nación, el presidente Palacio sepultó su quijotesca búsqueda de una asamblea para restarle poder a los partidos. Opta por la estrategia más modesta de reforma legal.

Su propuesta debería ser sencilla, que prometa los mejores resultados, y con posibilidades de ser acogida por el Congreso.

Nuestro ordenamiento político pretende que en el Congreso esté representado hasta el más minúsculo matiz de opinión política; el resultado es un organismo inoperante. Los partidos, en lugar de buscar captar el poder, se contentan con repartirse cuotas legislativas para negociar con el gobernante, logrando beneficios sin incurrir en costos.

Esto debe cambiar de cuajo. Las elecciones deben arrojar mayorías. A las minorías les corresponde esforzarse para convertirse en mayorías; mientras tanto, están protegidas por los tribunales de Justicia, Electoral y Constitucional.

La reforma ideal, para profundizar la democracia, es la elección de congresistas por distritos: un diputado por cada 125 mil habitantes. Entre otras cosas, eso permitiría a poblaciones tener representación (Santa Elena, Santo Domingo, Chone), sin provincializarse. Disminuiría la sobrerrepresentación de poblaciones convertidas en miniprovincias: el caso de Orellana.

Pero no es práctico plantear una reforma tan compleja cerca de elecciones. La reforma útil más práctica es la elección de diputados en la segunda vuelta. Eso favorecería la representación legislativa de partidos o movimientos cuyos presidenciales califiquen a la segunda vuelta, a expensas de los que no lo hagan.

Los partidos grandes ya no podrían contentarse con tener un bloque electoral numeroso para la obstrucción: los tres más grandes, PSC, ID y PRE, se contentaron con quedar quinto, cuarto y sexto, respectivamente, en las presidenciales de 2002. Con un resultado de esa naturaleza, la reforma no les permitiría poner tantos diputados.

El presidente electo tendría un importante bloque legislativo propio, y sería posible formar mayoría. La oposición no estaría fraccionada, sino que la dominaría un partido, que se erigiría en la obvia alternativa al que captó el poder: una oposición responsable.

Una reforma complementaria sería reglamentar el sistema de listas para favorecer a las mayorías. Que en ninguna provincia pueda estar representada por más de dos partidos.

En el caso de las provincias que elijan dos diputados, el segundo partido en votación debería alcanzar por lo menos el 40% de la suma de los dos mayores, para ganar un escaño: de lo contrario, los dos irían al partido que quedó primero.

En las que eligen tres diputados o más, que la suma de la votación de las dos mayores se divida para el número de escaños a repartir para obtener el cociente. El que queda segundo tendría escaños de acuerdo al número de veces que su total contengan al cociente de reparto; los demás, irían al ganador.

Así, en una provincia que elija tres diputados, si el que gana obtiene 65 votos, y el segundo 35, van dos diputados al primero, y uno al segundo. En cambio si el primero obtiene 68 y el segundo 32, los tres van al primero.

Estas reformas contribuirán a la gobernabilidad, y nos alejarán de la lista de los estados fracasados.