Funcionarios duran en cargos desde dos días hasta varios meses. Solo pocos superan el año de trabajo.

La inestabilidad administrativa que se vivió al interior de las empresas eléctricas y telefónicas, de propiedad del Fondo de Solidaridad, desde enero del  2003 a diciembre del año pasado, no solo impidió la ejecución de planes y programas de desarrollo empresarial, sino que empañó la ayuda social.

No se ha podido entregar el dinero del Fondo Eléctrico Rural Urbano Marginal (Ferum), que sirve para la ejecución de planes en las zonas alejadas de las ciudades, aseveró Roy Ruiz, presidente ejecutivo de la distribuidora de Bolívar.

“No se puede comprar equipos, maquinaria, materiales para el mantenimiento de las redes, arreglar problemas laborales o efectuar contrataciones que sobrepasen ciertos montos porque se incurriría en ilegalidades”, replicó José Fuertes, ejecutivo de la distribuidora de Galápagos.

Y es que los principales ejecutivos de las empresas tanto eléctricas como telefónicas han permanecido en sus cargos desde dos días (caso de Andinatel) hasta tres, cuatro, seis y nueve meses; solo pocos han estado más de un año ejecutando proyectos de mediano y largo plazo, comenta René Morales, titular de la generadora Hidropaute, en funciones desde  1999.
El Fondo de Solidaridad es dueño de  19 de las 20 empresas de distribución eléctrica del país, de las seis grandes generadoras hidroeléctricas, de la única transmisora de energía y de las dos grandes operadoras de telefonía fija: Andinatel y Pacifictel.

En total,  28 compañías que satisfacen dos tipos de servicios básicos en el país: electricidad y telecomunicaciones, administradas por el Estado. ¿Poner una cifra a los daños de la inestabilidad? No es posible, asegura Amircal Padilla, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, porque no solo se deja de invertir en la empresa, sino en lo social.

Aunque Gabriel Argüello, director ejecutivo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), aseguró que si se habla de mala administración en las distribuidoras, eso significa una pérdida de  150 millones de dólares anuales.

Otro parámetro de medición podría ser la ausencia de utilidades. Pero no todas están en ese grupo. Andinatel, las seis generadoras y la transmisora, sí tienen ganancias y sus logros económicos son transferidos al Fondo.

Las  20 compañías restantes están con problemas de liquidez (falta de dinero). Pacifictel quebrada y las distribuidoras están descapitalizadas, a criterio de Padilla.

Y el que no se generen ganancias afecta a la población, según el Fondo, porque ese dinero no va a obras sociales.

Para Geovani Cabrera, representante de los trabajadores de Andinatel, el perjuicio de la inestabilidad en telecomunicaciones es que las comunidades rurales aún están incomunicadas.

La implementación de telecentros, centrales telefónicas y nuevas líneas en las  22 provincias del país no ha repuntado. Aún se sirve a menos de dos millones de usuarios cuando las móviles han superado los seis millones.

Pero el problema, en los últimos tres años, no solo fue la inestabilidad, según Argüello. Lo más grave fue  el desconocimiento de las personas que ingresaron a los distintos cargos. Con esa  apreciación coinciden Hermán Saa, presidente ejecutivo de Hidroagoyán; Lincoln Jara, de la eléctrica de Manabí; Henry Galarza, de la eléctrica El Oro; y José Huaca, titular de Emelnorte. 

“Estuvieron personas no preparadas, políticos y no técnicos que provocaron, en algunos casos, la intervención de la Superintendencia de Compañías por mala administración”, recalcó Ruiz.

Según Argüello, el no contar con profesionales en la dirección de las empresas impidió, sobremanera, que se puedan enfrentar problemas estructurales como la reducción de pérdidas y el aumento de la capacidad económica. Solo hubo reclutamiento de personal.