Trabajadores y autoridades están en conflicto por el contrato colectivo. Mientras tanto, la cartera vencida aumenta en el 4% cada mes.

La última paralización que protagonizaron los trabajadores de las distribuidoras eléctricas del país dejó graves secuelas en Manabí.

La crisis económica que ya afrontaba la empresa de esta provincia, Emelmanabí, se ahondó aún más por las pérdidas que generó la suspensión del cobro de las planillas, según Pablo Rosero, presidente del directorio.

“La empresa ya estaba mal y a eso sumemos los 600 mil dólares que se perdieron por la medida de hecho”, comenta el funcionario. La cifra es mínima en comparación con la cartera vencida que se incrementa el 4% cada mes y asciende ya a $ 120 millones.

El 15% de este monto se lo considera irrecuperable porque se trata de clientes que poseían fábricas o compañías que desaparecieron tras la crisis económica de 1999. Otro de los inconvenientes es que la mayoría de los usuarios del servicio que otorga Emelmanabí acumulan deudas.

Hay un total de 150 mil morosos, de los cuales, 138 mil pertenecen al sector privado. Solo el 22% de los 193.896 clientes de la compañía se mantienen al día en sus pagos por consumos de energía.

Sin embargo, Rosero cree que los responsables del caos que reina en la entidad son sus propios trabajadores. “Ellos quieren que firme un contrato colectivo que sumirá aún más a la distribuidora en la crisis. Los empleados tienen múltiples beneficios como la no cancelación del consumo de energía de sus casas y eso es un pecado en la situación actual”, comenta.

Estas declaraciones generaron división entre los empleados de Emelmanabí y sus principales accionistas, situación que hasta hoy se mantiene. Ricardo Paredes, dirigente de los trabajadores, es uno de los más férreos opositores a la gestión de Rosero.

“Hemos pedido la salida de este sujeto porque ha desprestigiado a la distribuidora y es muy negativo sobre el futuro. Sacaremos a flote la empresa y en abril próximo verán los primeros resultados”, vaticina.

Lincoln Jara, presidente ejecutivo, es más cauteloso, pero recalca que la Superintendencia de Compañías mantiene intervenida a la eléctrica desde enero del 2005 porque la situación no mejora pese a las amenazas de que el Fondo de Solidaridad (FS) disolverá la entidad por su insolvencia.

El FS es el accionista mayoritario de Emelmanabí; posee el 72,71%. En tanto, los representantes de doce municipalidades y el Consejo Provincial tienen el porcentaje restante.

Los actuales directivos de la distribuidora planean aplicar durante este año un plan piloto que busca reemplazar el cableado actual por uno blindado que evite las conexiones clandestinas y el robo de energía, o pérdidas negras.

El 38% de la energía que Emelmanabí distribuye durante un mes no se recupera en dinero.
Lo que se recauda cada mes como promedio bordea los $ 4 millones, lo que apenas representa el 62% de la energía que se distribuye.

El reemplazo del cableado se hará primero en dos ciudadelas de Manta y Portoviejo para observar los resultados. Después, explicaron las autoridades, el proyecto se aplicará en toda la provincia.

USUARIOS

RECLAMOS
La Defensoría del Pueblo de Manabí maneja un promedio de quince denuncias diarias de usuarios que se quejan por un exagerado cobro en sus planillas, la avería de electrodomésticos por desniveles en el voltaje, y demoras en la conexión o reconexión del servicio.

ALUMBRADO
Aunque la queja más frecuente es por las deficiencias en el sistema de alumbrado público. “Por este concepto hay más de ocho mil denuncias”, asegura William Salazar, delegado de la Defensoría, pero los clientes no se deciden a poner sus quejas en la Intendencia de Policía para que el proceso judicial se dé.