No podemos admitir que los hijos del notario orense fallecido José Cabrera Román, no hayan conocido los negocios de su padre ni a sus cómplices; entonces, ¿quién seguía receptando los capitales que 800 “ahorristas” diarios seguían depositando en la Notaría, varios días después de muerto este, firmando letras y devolviendo el dinero a los más ilustres?

Los que atendieron, ya muerto el notario, son vulgares estafadores que deben ir a la cárcel, pues tenían planificado desaparecer con el dinero. Igual los beneficiarios directos del atraco, los herederos fugados.  Los millones de dólares que capitalizó el ex notario deben estar bien invertidos con garantías, o guardados en algún paraíso fiscal por sus hijos, y no les alcanzará la vida para gastárselos ni ellos, ni sus bisnietos.

Las fortunas eran receptadas en una oficina con muchos empleados que funcionaba organizadamente como un banco, con guardias y  citas previas para la negociación. Es inexplicable que las jugosas cuentas bancarias del ex notario no hayan despertado sospechas en los organismos de control. Las autoridades judiciales y el Congreso deben investigar más a fondo y enjuiciar a cómplices y encubridores, incluyendo a todos los policías y militares involucrados. La Policía estaba en la obligación de proteger los bienes de la Notaría, junto con los documentos y computadoras donde se pudo obtener información valiosísima del monto levantado, del destino de este, y el listado de los inversionistas. Elevemos nuestra protesta enérgica con ayuda de los medios de comunicación, que es una forma civilizada de rechazar la impunidad, contraria al vandalismo inútil.

Fabián Maldonado Ramírez
Quito

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, reza un sabio adagio que sin duda refleja los porqué de nuestra realidad. Es que la frágil memoria colectiva y terquedad para aprender de lo vivido, nos han llevado a tropezar una y otra vez con la misma piedra.

Sabíamos del notario “banquero” por todos lados, y ahora se buscan culpables o a quien responda por los millones de dólares ilegalmente captados; pero voluntariamente entregados –haciendo grandes colas–, frente a las narices de la autoridad pública.

Y, ¿a quién sancionamos si el principal implicado –el notario–, considerando el principio legal de que la “responsabilidad penal es absolutamente personal”, está muerto? El Superintendente de Bancos e incluso el Fiscal de El Oro, cometieron negligencia al hacer caso omiso de informes bancarios presentados a tiempo, por el llano hecho de que este era un secreto a voces;  comandantes y altos mandos de las FF.AA., por propiciar un allanamiento ilegal convertido en saqueo, y por ser cómplices asociados de estas ilegalidades, deben ser sancionados.

Y, ¿qué decir de las autoridades judiciales de El Oro que permitieron que ese ex funcionario durante 15 años irrespete la ley? ¿O sobre los hijos del extinto que continuaron recibiendo dinero con letras extrañamente firmadas por el notario, ya en ese entonces muerto? Quedan más preguntas que respuestas de un delito con miles de cómplices confesos, autodenominados “perjudicados”, que son “víctimas”, sí, pero de su codicia y holgazanería al haberse enseñado a ser mantenidos con jugosas remesas, sin importarles su proveniencia.

Walter A. Torres Jaramillo
Loja

Esta situación ilegal y dolorosa (pues dejó en crisis económica a cientos de familias) debe invitar a la reflexión a las autoridades económicas, judiciales y policiales a tomar más precauciones en este tipo de actividades que constituyen secretos a voces. Basta leer los periódicos del país, donde se anuncian “préstamos” a cambio de bienes o documentos, “inversiones” con alta rentabilidad, y otras operaciones que aparentan ser legales, pero que no están controladas ni autorizadas.

Por declaraciones de un ex ministro y del Alcalde de Machala, las actividades ilegales del ex notario eran conocidas por ellos hace tiempo, pero nadie dijo nada. Obviamente, estos “financistas” están en todas partes del país. Sabemos de colombianos “prestamistas” que recorren los negocios para prestarles   dinero al 20%. Esto se denunció, pero la Policía nunca informó sobre investigaciones. Otros lo hacen desde sus casas o negocios con fachada de legales. ¿De dónde obtienen tanto dinero que les permite hacer decenas de préstamos por cantidades elevadas? ¿Acaso la Superintendencia de Bancos, los bancos y el Consep no están obligados a verificar la procedencia lícita de estos dineros?  La ciudadanía no denuncia porque en la práctica las denuncias reservadas no existen, y el denunciante está expuesto a las amenazas de esos “prestamistas e inversionistas”. La Policía Judicial debería poner punto final a esto. También, que los legisladores endurezcan las penas para estos ilícitos, y el Ejecutivo mejore la situación económica del país para que las tasas de interés por ahorros aumenten, y las de préstamo bajen, y así volver a una confianza en el sistema bancario.

Óscar Yturralde Mancero
Durán

Entre las múltiples expresiones conocidas de Mahatma Gandhi, encontramos aquella de dice: “Ojo por ojo y acabaremos ciegos”, eso es lo que sucederá si en realidad se llega hasta “las últimas consecuencias” en el caso del ex notario de Machala.

Pero, ya vemos que para no perder la mala costumbre del espectáculo,  la soga ha comenzado a romperse por lo más débil. Si termina el asunto como es debido, no habrá ningún problema con los apagones institucionalizados por la corrupción. Mas, yo creo que seguirá siendo “rey el tuerto” .

Ing. César E. Castillo Delgado
Guayaquil

Profunda extrañeza ha causado la actitud de las gloriosas Fuerzas Armadas en el caso del ex notario Cabrera.

El hecho de haber enviado una flotilla de aviones para recuperar el dinero mal invertido en el chuIco y fuera del sistema financiero, evidenció la poca vergüenza de muchos miembros de la institución castrense y, más grave aún, el nulo respeto a la memoria de los caídos en Paquisha y el Cenepa, a esos elementos que dieron su vida por ganar la paz.

 Basta ya de mal comportamiento de miembros de las FF.AA.; los aviones, la gasolina y los aeropuertos son de todos los ecuatorianos. Todos los altos mandos, por decencia, deben abandonar sus puestos debido a su demostrada incapacidad para aplicar mano dura y rectitud en la institución.

Telmo Carrillo
Guayaquil

El pasado 11 de noviembre, entre las cinco y seis de la mañana, el ser humano se transformó, igual o peor, que animal de rapiña; en ese caso la carroña era el dólar.

Los que habitamos frente a la manzana donde funcionaba la Notaría Segunda de Machala, en  las calles Ayacucho, Nueve de Octubre y Santa Rosa presenciamos cómo se operó el  saqueo de la entidad. Civiles y uniformados escapaban con grandes cantidades de dinero, por la parte trasera de la Notaría, invadiendo las casas de los vecinos.  Luego, el 14, al saberse que los herederos de la estafa del siglo no regresaban al país, la muchedumbre arrasó con lo poco que quedaba en la Notaría y  en las casas y negocios vecinos.

Hoy, después de más de un mes, ¿quién restituye lo que perdieron esos vecinos de la Notaría? Ninguna autoridad se ha hecho presente para responder por los daños. Nuestro país desorganizado en sus esferas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, va hacia un futuro incierto y nefasto. ¿Hasta cuándo? La respuesta solo la tenemos sus habitantes.

Dr. Carlos Mautong Aguirre
 Machala