Solo el 5% de los inmigrantes que se beneficiaron del proceso extraordinario de regularización que entre febrero y mayo pasado abrió el gobierno español, tiene un contrato de trabajo por tiempo indefinido, afirmó ayer uno de los principales sindicatos.

Tras una evaluación del proceso de normalización de inmigrantes se concluye que “el 5% de los contratos son indefinidos y el 95% corresponde a contratos temporales, en ambos casos a tiempo completo”, indicó Comisiones Obreras (CCOO, pro comunista).

CCOO obtuvo esos porcentajes tras analizar la situación declarada por los inmigrantes que para su regularización se inscribieron en la seguridad social española y efectuaron los aportes correspondientes.

Este sindicato evaluó la situación de unos 600.000 inmigrantes que obtuvieron permiso de residencia y trabajo en ese proceso excepcional.

Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina son las cuatro naciones de América Latina que integran la lista de los diez países cuyos nacionales lideran los pedidos de regularización.

Esas diez naciones acumulan el 80% de las solicitudes, precisó CCOO. Ecuador, Rumania y Marruecos se reparten el 50% de las peticiones.

Para adherir al citado proceso de normalización, los interesados debían presentar un contrato de trabajo cuya duración dependía del sector en el que laboraban; un certificado de empadronamiento u otro documento español con fecha previa al 7 de agosto del 2004 y un certificado de antecedentes penales limpio.

Por ramas de actividad, las solicitudes se concentraban en cuatro zonas: servicio doméstico (31,7%), construcción (28,8%), comercio y hotelería (18,6%) y agricultura (14,9%).

El objetivo perseguido por el gobierno socialista español era permitir “el mayor proceso de afloramiento de economía sumergida en Europa en los últimos 40 o 50 años”.

Tras el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes al que se adhirieron casi 700.000 extranjeros, el gobierno socialista aseguró que en España quedaban poco más de 100.000 indocumentados.

Sin embargo, según diversas fuentes, la cantidad de irregulares podría llegar al millón de personas.