Las sanciones para las personas que propician viajes ilegales de migrantes, en caso de que estos fueran declarados desaparecidos o muertos sea a consecuencia de un naufragio o por otras circunstancias, no están claramente tipificadas en el Código Penal ecuatoriano.

Esta falta de especificación dentro de la ley dificulta el juzgamiento de quienes son acusados del delito de coyotaje. El caso de Milton Bautista Guzmán, quien el pasado 14 de noviembre fue detenido en Cuenca, junto a su esposa, Lidia Patricia Pesántez Sanmartín es una muestra.

La pareja, que fue identificada por los familiares de las 94 personas que desaparecieron en un barco que naufragó frente a las costas de Colombia, el 13 de agosto de 2005, está siendo juzgada por la Fiscalía de Pichincha bajo la figura de tráfico ilegal de personas, pero no por la muerte de los ocupantes del barco, menos aún por su desaparición.

El Código Penal reprime, en su artículo 440-A, con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años a quienes por medios ilegales facilitaran la migración de personas a otros países.

Según el fiscal Hernán Flores, quien lleva el caso Bautista Pesántez, la figura de tráfico ilegal de personas se agrava con la muerte de los migrantes, lo cual -según el artículo 440-B del Código Penal-Bautista y Pesántez podrían ser reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

No obstante, la ley no cuenta con un artículo en el que se hable de los desaparecidos (víctimas de quienes nunca se hallaron sus cadáveres).

Mónica Rivera, fiscal de Turismo, Asuntos Migratorios y Tráfico ilegal de Migrantes del Guayas, indica que esta situación no está establecida de forma específica en la ley.
“Puede castigarse como tráfico ilegal con una sanción por muerte, aunque también estos casos pueden estar relacionados con el delito de trata de personas”, agrega.

Sandra Remache Galabay denunció en la Fiscalía de Azuay que su esposo, Carlos Castro Cabezas, de 29 años, emigró desde El Triunfo (Guayas) el pasado 17 de marzo y aún desconoce su paradero.

Remache revela que su marido inicialmente viajó hacia  Buena Fe (Los Ríos) y de allí a otro sector donde se embarcó en un buque junto a otras 201 personas, de las cuales 198 llegaron bien a Guatemala y las otras cuatro, incluido su esposo, desaparecieron.

La mujer acusa a Milton Bautista Guzmán, quien además está involucrado en otro naufragio en noviembre del 2004, donde se reportaron 30 víctimas, de la desaparición de su marido.

“Los medios ilegales no solo es el transporte de personas, sino también el uso doloso de documentos públicos (pasaportes o visas), que se castiga con tres a seis años de reclusión menor”, destaca Rivera.

Entre enero y octubre del 2005, 793 migrantes ecuatorianos fueron detenidos en alta mar y deportados desde otros países. La mayoría inició su travesía por barco y otros por vía aérea, tras haber contratado los servicios de coyotes y pagado miles de dólares.

La ley también indica que si a consecuencia del tráfico ilegal de personas, las víctimas sufrieren lesiones previsibles se impondrá a quienes hayan facilitado las migraciones ilegales una pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, según la gravedad de la lesión.

Para que los familiares puedan recuperar sus propiedades entregadas a los coyotes, según Rivera, tendría que establecerse el delito de estafa o apropiación indebida, ya que esto tampoco está claro dentro de los artículos que sancionan el tráfico ilegal de personas dentro del Código Penal.

Al respecto, el abogado penalista Francisco Ticina considera que en el Código Penal hay herramientas necesarias para proceder al juzgamiento, pero que no se utilizan totalmente.

Destaca que el problema del auge del delito de coyotaje no es de la ley, sino de las personas, porque detrás de este “hay un negocio fuerte”. Considera que la Policía y la Digmer deberían ejercer mayores controles para favorecer las investigaciones fiscales.

Las autoridades atribuyen el auge de este delito al silencio de los afectados porque tienen la esperanza de volver a salir del país y a la falta de recursos humanos y logísticos para ejercer mejores controles.

En un informe, la Digmer admite que las siete capitanías y 27 retenes navales en la costa del país “resultan insuficientes para controlar 1.656 kilómetros de borde costero”.

En el caso de la pareja Bautista Pesántez, su abogado Iván Durazno afirmó que dirán quiénes integran la red de coyotes, entre los cuales, acotó, habría miembros de la Marina y de la Policía.

Las acusaciones contra la Policía no son nuevas. De nueve juicios en los juzgados y tribunales del país en el 2004, el de mayor repercusión fue el caso del barco Pájaro Azul. Uno de los detenidos, Luis Flores Sarmiento, involucró a los entonces miembros de la cúpula policial porque supuestamente conocían las actividades de la líder de la banda, Mariana Ampudia Lucero, también presa.

El fiscal José Menéndez inició la instrucción que involucró a los generales Jorge Poveda, comandante general de la Policía; Marcelo Vega Gutiérrez, inspector general y primo del entonces presidente Lucio Gutiérrez; coronel Luis Cadena, y otros cinco oficiales miembros de la cúpula policial en el régimen gutierrista.