En el país se deforestan anualmente 100.000 hectáreas y tan solo se reforestan 5.000.
La superficie forestal mundial se reduce cada año en unos 13 millones de hectáreas a causa de la deforestación; sin embargo, el ritmo de pérdida neta disminuye por las plantaciones y la expansión natural de los bosques, indica un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Fernando Carvajal, oficial del programa FAO, explicó que en uno de los últimos estudios realizados para Ecuador, se ratifica que es un país con alta vocación forestal y gran riqueza en biodiversidad, que posee áreas muy importantes como la ambiental, económica y social.
En el tema ambiental, explicó, hay que trabajar en gestión, en la parte económica el sector contribuye en un alto grado en el proceso económico del país y en lo social se estima que la industria forestal aporta más o menos 235.000 empleos directos e indirectos que representan más del 8% del producto económicamente activo.
Lamentablemente, argumentó el especialista, los recursos forestales naturales, las plantaciones y los cambios en la cobertura forestal han sido afectados por la deforestación y el cambio del uso del suelo; según datos, las tasas de deforestación en el país se estiman en 100.000 hectáreas al año, mientras que las de reforestación se sitúan en 5.000 anuales. Se conoce además que solo el 32% del país tiene cobertura vegetal nativa, que tan solo el 0,6% de la superficie corresponde a plantaciones forestales frente al 53% de aptitud forestal del país.
Iván Ángulo, representante de la FAO en el Ecuador, indicó que en Ecuador solo hay estimaciones porque no existe un censo que dé informaciones concretas.
Pero las estadísticas muestran que el proceso de deforestación es muy alto al compararlo con los otros países de la región, por lo que se requiere una acción de compensación y a ello se dirige el apoyo que la organización brinda a los países.
Es necesario, recomendó, fortalecer a las autoridades para que se trabaje de una manera normada y apoyar los planes forestales.
Alfredo Carrasco, subsecretario de capital natural del Ministerio de Ambiente, argumentó una cifra más alta, de 165.000 hectáreas deforestadas al año, según datos del Clirsen (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos).
Para el directivo, en el tema de control hay debilitamiento en el sistema nacional forestal, “es penoso reconocerlo pero nos obliga a que todos quienes tenemos una responsabilidad debemos asegurarnos que exista un apoyo efectivo y que la sociedad colabore”.
Por eso el Ministerio de Ambiente está haciendo un proceso de revisión para saber dónde hay que realizar un fortalecimiento efectivo. En este momento el Ministerio es el que tiene la responsabilidad legal de hacer el control forestal, pero apoyado con la iniciativa de vigilancia verde, y está en proceso el tema de la tercerización del control.
Necesitamos los recursos y debemos dejar bien claro que la tasa de piedemonte debe ser destinada a la forestación y reforestación y que el Estado tiene que poner recursos para financiar esa vigilancia, expresó.
Entre otros ingresos, este organismo vive de uno importante, el piedemonte (2 dólares, tasa de corte que se cobra por metro cúbico de bosque nativo), que es lo que nos financia, manifestó.
A pesar de esta alta cifra de deforestación, quienes se dedican a la forestación se quejan de los impedimentos y limitantes que tienen para continuar con sus proyectos.
Pablo Mateus, presidente ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Forestal de Ecuador (Cormadera), explicó que no existen incentivos para sembrar árboles.
Acotó que el Ministerio exige estudios de impacto ambiental iguales a los que piden a las petroleras, además de planes de compensación social, el pago de la guía de movilización y cobra por la licencia ambiental 126 dólares, rubros que los saca competitivamente del mercado. Destacó que en Colombia, por ejemplo, el Estado reconoce a quien siembre árboles el 75% del costo del establecimiento de la plantación.
Mateus denunció que el gobierno local del cantón Muisne, en Esmeraldas, ha cobrado a la empresa Eucapacif, plantadora de árboles en la zona, 100.000 dólares anuales como compensación social, demostrando una vez más uno de los impedimentos para trabajar.
El directivo recalcó la necesidad de laborar en un marco institucional, “no podemos pretender que una dirección forestal sin recursos tenga que manejar toda la problemática forestal del país, no es posible que el Ministerio de Ambiente se nutra solamente del desbroce del bosque nativo (tasa de piedemonte), de ahí la importancia de diferenciar claramente el bosque nativo de las plantaciones.
En una frase lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, lo único que tenemos que hacer es una réplica de los estudios hechos en otros países, afirmó.
Rodolfo Arámbulo, presidente de Asoteca, manifestó que necesitan que el Ministerio de Agricultura tome de nuevo el control de siembra de árboles ya que deben ser tratados como el banano, la papa, el cacao o cualquier otro cultivo.
Acotó que el Ministerio de Ambiente no tiene los recursos ni conocimientos para la asistencia técnica y manejo de estas plantaciones.
El directivo recalcó la importancia de que este ente se dedique a controlar el bosque nativo que es la parte que el país necesita preservar, y advirtió que si no hay quien siembre árboles se seguirán deforestando los bosques y la industria maderera tendrá además que importar muy pronto.
Iván Cárdenas, productor de teca del Guayas, denunció atropellos por parte del ministerio al sacar la madera de su hacienda pese a cumplir con los requisitos exigidos, lo que les impide comercializar y recobrar el dinero invertido para continuar sembrando.
Frases
Iván Ángulo
Debe haber un diálogo profundo del sector privado, estatal y educacional, y trabajar por el país para evitar mayores problemas.
Alfredo Carrasco
No siempre se debe esperar que el Gobierno nos resuelva todo, debemos recordar que el Estado somos todos y ahí tenemos responsabilidades.
Pablo Mateus
Solo queremos que nos dejen trabajar, que se apoyen los conceptos de productividad y competitividad y se eliminen las trabas burocráticas.