El número oficial de inmigrantes clandestinos que en  España han sido objeto de una orden de expulsión, pero que no han sido repatriados, se eleva a 122.238 en cinco años, informaron ayer fuentes parlamentarias.

En una respuesta escrita a una pregunta de Coalición Canaria, el Gobierno español atribuyó este hecho a “dificultades en proveer de documentación” a los inmigrantes o “la negativa de algunos consulados a reconocer como sus nacionales a los mismos”.

La mayor parte de esos inmigrantes proceden de África.

Según el Gobierno, también hay otras explicaciones, como son la “dificultad  de ejecutar las expulsiones tras haberse agotado el plazo de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros, con la consiguiente puesta en  libertad”.

En España, los inmigrantes clandestinos deben ser puestos en libertad al cabo de 40 días si no se ha podido establecer su nacionalidad, con una orden de  expulsión que les impide trabajar legalmente.