Superintendencia de Bancos reveló que los trámites se hicieron pese a que se advirtió su inconveniencia.
La actual administración de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tramitó dos operaciones relacionadas con el Banco de Préstamos –ex propiedad de Alejandro Peñafiel– sin tomar en cuenta los informes jurídicos que advirtieron la inconveniencia de concretarlos.
La primera se refiere a la transferencia de una deuda de $ 5 millones de Parkenor a Silvadín, cuyo bien principal es el edificio Torrezul. Este tiene dos problemas: ya está hipotecado a favor de la AGD y vale menos que la acreencia. Ambas empresas, ubicadas en Quito, están vinculadas al Banco de Préstamos.
La segunda operación corresponde al registro de una acreencia de ese banco en saneamiento a favor del nicaragüense Emilio Canales, por 26,7 millones de dólares. Según los reportes oficiales, él también está vinculado.
Dos informes de la Superintendencia de Bancos (SB) elaborados durante la última semana de septiembre, por Marco Rivadeneira, experto en supervisión de la entidad, revelan que en esos casos hubo omisión de documentación.
Los dos informes fueron entregados al superintendente Alejandro Maldonado. En el caso de Parkenor “se advierte que pese a la existencia de informes jurídicos contrapuestos se han generado instrucciones precisas y de conocimiento de la Gerencia General, en las que se ratifica (...) el cambio de registro contable de Parkenor a Silvadín”, concluye el informe, que al final recomienda dejar sin efecto el trámite.
Lo mismo sucede con la acreencia que reclama Canales. El informe de la SB afirma que el director nacional jurídico de entonces, Reinaldo Valarezo, se pronunció a favor de la solicitud, a pesar de la existencia de informes negativos.
Las dos investigaciones de la Superintendencia sugieren que ambos casos pasen a conocimiento de la Fiscalía. La gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, evitó dar declaraciones sobre el tema. Pedro Votubra, asesor de la Agencia, destacó “la transparencia” de la institución y confirmó que la transferencia de la deuda de Parkenor se concretó, aunque del caso Canales dijo que está “totalmente archivado”.