El Municipio de Quito pidió, ayer, que se realice una auditoría a la Empresa de Rastro, a fin de comprobar la veracidad o desvirtuar las denuncias expuestas hace quince días por el concejal Antonio Ricaurte  (Pachakutik) sobre que esa empresa era botín político de la Izquierda Democrática.

Esto, después de que se abriera una polémica entre la Comisión de Lucha contra la Corrupción del Municipio y el mencionado concejal, cuando el ente de control, presidido por Simón Espinosa, emitiera un informe sobre una supuesta destitución ilegal en la Empresa de Rastro protagonizada por Ricaurte. Este último estimó que la denuncia era producto de una retaliación generada desde un grupúsculo de la ID, que no quería perder sus prebendas en la Empresa.

Para el concejal Augusto Barrera (Pachakutik) la Comisión falló al presentar un informe poco claro en contra de Ricaurte, y no permitirle su legítima defensa. Wilma Andrade (ID), precisó que la Comisión se equivocó al criticar que Ricaurte haya presidido el directorio de la empresa, pues él tenía todo el derecho a hacerlo como alcalde (e).

Sin embargo, ambos coincidieron en que la Comisión no debe quedar debilitada.