El gobierno y el Parlamento de Ecuador exigieron ayer a Bogotá una explicación sobre lo ocurrido con siete menores indígenas expulsados de Colombia, que aseguran haber sido maltratados por militares de ese país.

"Vamos a pedirle a la embajada de Colombia que nos dé un informe y nos diga quiénes fueron los que han hecho estas agresiones físicas y morales", afirmó el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, Estuardo Remache.

Los menores ecuatorianos sostienen que fueron detenidos cuando vendían ropa en un caserío del fronterizo departamento colombiano de Nariño y llevados a una base del Ejército, donde les cortaron la trenza que distingue a los miembros de su etnia.

"Vino un uniformado con una tijera y, en medio de risas y burlas, nos voló la trenza a todos", comentó uno de los nativos, que junto con sus compañeros fueron devueltos a Ecuador el fin de semana por violar la ley de migración que les impide vender sin un permiso de trabajo, según la Policía de Colombia.

En su denuncia, los jóvenes señalaron que los militares les quitaron la mercancía y los mantuvieron retenidos tres días. Esa actitud es una muestra de ignorancia e intolerancia de ciertas autoridades que desconocen los principios de la convivencia pacífica entre culturas diferentes", se quejó Mario Conejo, alcalde de la ciudad indígena de Otavalo, de donde son oriundos los menores.

Por su parte, el diputado Remache expresó su preocupación por los hechos y formuló un llamado a las Cancillería de ambos países para que eviten este tipo de atropellos.

"Nos preocupa que no haya un respeto basado en los acuerdos bilaterales que tiene Ecuador con Colombia, inclusive nosotros respetamos los derechos de los colombianos emigrantes", declaró.

Mientras, el ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano instruyó a sus representantes diplomáticos en Colombia para que obtengan los informes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) y de la Policía del vecino país "acerca de los posibles vejámenes que habrían sufrido" los menores, a los que calificó de "lamentables acontecimientos".

Añadió que "estará atento a las explicaciones oficiales que proporcione el gobierno colombiano a través de los canales señalados, pues los hechos (...) preocupan sobremanera, más aún cuando están involucrados menores de edad y supuestas violaciones a los derechos humanos".