Entre marzo y abril pasados,  mientras en las calles de Quito y otras ciudades del país la población se movilizaba en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez,  en el set de ‘Está clarito’ se sucedía un drama familiar con extraños ecos mediáticos.

Una pareja de esposos, Ingrid Macías y Marcel Ramírez Rhor, se había separado. La madre mantenía la custodia de las dos hijas y el padre podía visitarlas el fin de semana.

Unas fotos rotas en blanco y negro fue el recurso del reportero Juan Carlos Ortiz, de Está clarito (Ecuavisa), para abrir la nota sobre la recuperación de las niñas Ramírez Macías en Chile. Las imágenes de las menores en esa nota de diez minutos aparecen en por lo menos catorce ocasiones. Ortiz y Cynthia Wright intercambian opiniones. El reportero y los demás presentadores se refirieron al padre de las niñas como "raptor", "secuestrador" y hasta necesitado de tratamiento psiquiátrico. El remate: el padre Vicente Agila y Richard Barker "aplauden a Dios" por lo que a su juicio fue el feliz desenlace del caso... Ahora una sentencia obliga a que Está clarito deba hacer lo que no hizo oportunamente: recoger la versión de la otra parte.

El 12 de marzo del 2005, el padre se lleva a las niñas y no regresa. Semanas después se revela que estaban viviendo en Chile. A partir de allí se inicia la secuencia de un caso paradigmático y digno de estudio porque entran en juego los derechos a la intimidad y a la protección de las imágenes de unas menores, frente a la necesidad de una madre de encontrar y recuperar a sus hijas. Y porque, finalmente, estamos frente al tratamiento piadoso, pero ligero de parte de un programa de TV de un caso muy delicado, lo cual finalmente se revierte en su contra.

El 15 de marzo, la madre pone la denuncia respectiva y acude a ‘Está clarito’. El reportero Juan Carlos Ortiz asume el caso. Él señala que lo hizo por la información proporcionada por un “compañero del programa”. Según las denuncias interpuestas por Marcel Ramírez en diversas instancias, el contacto sería Juan Carlos Morales, estilista del programa de Ecuavisa.

Sin duda, en esos primeros días la prioridad de la madre era dar con el paradero de sus hijas, por lo cual estaba más que justificada la autorización y el uso constante de imágenes de las niñas en las pantallas de TV. Y el Código de la Niñez y Adolescencia establece que: “Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 15 años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien solo la dará si no lesiona los derechos de su representado”.

El 26 de abril, Ingrid Macías, madre de las menores, y el reportero Juan Carlos Ortiz viajan a Chile, una vez que se ha localizado el paradero de las niñas y el padre. Una abogada ecuatoriana ayuda en el proceso de recuperación de las menores; pero la justicia chilena no da inmediatamente la custodia a la madre. Tampoco les permite viajar.

Los detalles poco claros de este caso –tanto en la una parte como en la otra– se multiplican y no es el objetivo de este artículo establecer qué progenitor tiene la razón. Un detalle revelador es que Ramírez Rhor había sacado una nueva identidad y había vuelto a inscribir a sus hijas, pero sin que conste la madre (cosa por demás extraña y que compromete al Registro Civil), con lo cual pudo sacarlas del país sin ningún problema.

Los documentos de Ramírez no eran falsificados, pero según abogados consultados esa acción podría ser un presunto delito de “falsedad ideológica de documento público” que se pudiera sumar a un posible desacato al Juez de Menores cuando se llevó a sus hijas. Pero Marcel Ramírez Rhor no tiene ningún proceso legal en su contra en los juzgados del Guayas, como se pudo comprobar. Además, el padre señala que todo lo hizo por pedido y/o con autorización de la misma madre de las infantes.

Para terminar con la secuencia de los hechos en Chile: el reportero Ortiz se contacta con medios televisivos como Chile Visión, los que se “prestan” para la “campaña” (los dos términos son utilizados por el mismo reportero) y deciden sacar reportajes sobre el tema durante dos días. Claramente, se trataba de ejercer presión mediática. El asunto es que al tercer día, la justicia chilena otorga la custodia a la madre, pero no le autoriza a llevarse a las niñas del país. Entonces, el Cónsul del Ecuador en Santiago entrega un salvoconducto para que finalmente retornen.

La siguiente semana, Ortiz es recibido como un héroe por sus compañeros de ‘Está clarito’ y comienza la suma de errores que vuelve tan endeble y cuestionable el manejo periodístico, ético y mediático. Se presenta un reportaje de Ortiz que hace una cronología del caso y cuenta los hechos sucedidos en Chile. No obstante, comete imperdonables ligerezas como el acusar a Marcel Ramírez (no una sino varias veces), sin ninguna precaución e indistintamente, de “secuestro” y/o “rapto” de sus hijas. Ni el periodista  ni la dirección del programa tomaron en cuenta que no existe la posibilidad de que un padre sea considerado secuestrador de sus propios hijos. El secuestro en nuestras leyes tiene fines económicos o políticos. Peor aún: el rapto, según nuestra legislación, es un delito que significa retener a una persona con fines sexuales.

Muy grave, pero solo es la punta del iceberg. En la misma nota se utilizan en al menos catorce oportunidades las imágenes de las dos niñas objeto de la disputa. Y aquí es indiscutible que esa utilización ya no era necesaria para su recuperación. Entonces, la conclusión es inevitable: sus imágenes se emitieron en esta nota como un recurso sensacionalista. Una vez más, ni el reportero ni la dirección del programa tomaron en cuenta que bien podían estar vulnerando el derecho de las niñas a su intimidad, dignidad e imagen.  ¿Los salva una autorización de la madre? No, acordémonos de la disposición del Código de la Niñez que se citó anteriormente: … quien solo dará autorización si no lesiona los derechos de sus representados. 

En el reportaje de Ortiz se multiplican las especulaciones, acusaciones y comentarios sin sustento. Se dice por ejemplo que el padre “deberá cumplir una condena de uno a cinco años en Chile y que luego será deportado para rendirle cuentas a la justicia de nuestro país”. En la realidad, Ramírez permaneció 48 horas detenido solo con fines de verificar sus documentos y ya se dijo que en el Ecuador no tiene juicios pendientes, aunque   pudiera haber cometido dos presuntas faltas.

Pero, además, se cometieron imperdonables pecados periodísticos: no se verificó la información y tampoco se recogieron los dos lados de la información. A Marcel Ramírez se lo acusó de delitos mayores y nunca se le dio oportunidad de rebatir esas acusaciones. Todo lo contrario, en el panel de ‘Está clarito’ se insistió en ese enfoque.
El muy cristiano padre Vicente Agila no dudó en sentenciar que Ramírez era un ser “megalómano”, “soberbio” y “vengativo” que había “utilizado a sus hijos para hacer sufrir a la pareja”. Úrsula Strenge sugirió que tenía trastornos mentales, por lo cual necesitaba “ayuda psicológica”.

No obstante, Juan Carlos Ortiz defiende que se cumplieron todos los procedimientos periodísticos. Y señala que se hizo un reportaje en los días previos donde se recogieron las versiones de la familia de Ramírez Rhor.

Pero los procedimientos y el tratamiento del caso no son muy defendibles, en realidad. Y todo se agravó cuando por arrogancia o espíritu de cuerpo no se hicieron las rectificaciones y aclaraciones oportunas. Ahora, una sentencia del Centro de Mediación de la Función Judicial (expediente SD-387-2005) obliga a Ecuavisa a que se realice un nuevo reportaje donde se recoja la versión de Marcel Ramírez en condiciones similares al testimonio de su esposa.

Insólito:  una sentencia obliga a cumplir con algo que debiera ser un principio básico y elemental de cualquier periodista o medio de comunicación.