El Ecuador es el único país del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) que aún no cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de vigilar y denunciar a las autoridades las transacciones relacionadas con el lavado de activos.

El delito de lavado en el ámbito mundial, relacionado con el narcotráfico y otros crímenes como trata de blancas, tráfico de órganos, comercialización ilegal de armas, representa según estudios no oficiales, entre 250.000 y 500.000 millones de dólares al año.

Por esta razón para Gafisud (que cuenta con 31 países miembros) es necesaria la creación de la unidad y ejecutar otras 39 recomendaciones, a fin de que el país realice un combate más efectivo contra este delito.

Esteban Fullin, secretario ejecutivo del organismo, explicó que en materia legal es urgente la tipificación del delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. “También hay que implementar las medidas cautelares y de decomiso a fin de que las autoridades puedan actuar oportunamente”, dijo.

En este contexto, Fullin señala que la Ley de Lavado de Activos que analiza el Congreso Nacional y de la cual ya se aprobaron 12 artículos, sí se encuentra dentro del esquema de Gafisud.

Po r ejemplo, ya se aprobó la creación de la UIF y se tipificó como delito autónomo al lavado de activos.

No obstante, en el país funciona desde hace dos años un ente parecido a la UIF, pero sin mayores facultades, como es el caso del área de Prevención de Lavado de Activos producto del Narcotráfico del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

Este departamento ha construido una base de datos con más de 33.940 imputados o sindicados del narcotráfico.

La información fue entregada por juzgados y tribunales de lo Penal. La unidad recibe reportes del sistema financiero, de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) sobre transacciones mayores a 2.000 dólares y de 10.000 dólares respectivamente, no necesariamente sospechosas.

Cuando el Área de Prevención de Lavado de Activos encuentran indicios de alguna actividad ilegal se procede denuncia a las autoridades competentes. También la Fiscalía o la Policía pueden solicitarle información. 

Según fuentes del Consep, esta entidad se transformará en UIF tras la aprobación de la ley. Gafisud también recomendó más control en la creación de sociedades..