Con el carácter de urgente en materia económica, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Burós de Información Crediticia.

Los burós son sociedades anónimas calificadas y sujetas a la normativa de la Superintendencia de Bancos (SB), autorizadas a recopilar, procesar e intercambiar información acerca del historial de crédito de personas naturales o jurídicas, tanto en el sistema financiero (Central de Riesgos) como en el comercial, a cambio de una suscripción.

En el país, desde el año pasado, existen seis firmas en este negocio: Multiburó, Caltec, Credit Report, Acredita, Teletec y Cinfocredit.

El proyecto de ley sostiene que los burós podrán acceder a cualquier información, pública o privada, sin contar con la autorización del titular, a excepción de aquellos datos que “lesionen la intimidad personal o familiar”, así como los que están protegidos por el sigilo bancario (ahorros o inversiones, por ejemplo).

El texto propone que los burós cuenten con un capital mínimo de $ 100 mil. Entre sus atribuciones consta la recepción de información gratuita de instituciones públicas, como el Servicio de Rentas Internas, Registro Civil o Superintendencia de Compañías.

El Ejecutivo propone que, en casos de violación de la ley, se apliquen multas que fluctúen entre 1.000 y 20.000 dólares, la suspensión de hasta seis meses e incluso, la revocatoria definitiva del permiso para operar.

El proyecto sugiere una prohibición para que las instituciones financieras participen como accionistas en dichos negocios.

Cualquier persona podrá exigir al buró una certificación que le indique si consta o no en su base de datos.

El Congreso tiene un plazo de 30 días para discutir el documento, contados a partir del martes pasado, cuando el texto llegó a su Secretaría.

Javier Velasco, gerente de Credit Report, indicó que el proyecto de ley si bien no marca una gran diferencia con las resoluciones de la SB, otorga un marco legal adecuado, de mayor jerarquía jurídica.

Al Ministerio de Economía y Finanzas le interesa, sin embargo, no solo la norma y sus implicaciones en el sector financiero y comercial, sino el crédito por $ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está condicionado al envío de esta propuesta legal y que aliviará parte de las necesidades de financiamiento del Estado.