Los abogados que atienden casos de familias de migrantes demandados por los chulqueros o coyotes dicen tener dificultades para rescatar sus bienes inmuebles hipotecados o vendidos. “Lo que consta en escrituras públicas da fe contra los otorgantes; o sea que no pueden ‘desdecirse’ o señalar que hubo presión para hacer la transacción”, afirma Gonzalo Lucero, quien actualmente defiende a diez familias del cantón azuayo de Gualaceo.

A los largo de los procesos, los juristas recurren a varias alternativas para declarar la nulidad de los documentos. Una de ellas es solicitar la confesión judicial del supuesto chulquero o coyote para que declare haber recibido los pagos. “Obviamente niegan todo, pero algunos sí hablan”, dice Lucero.

Otra es el reconocimiento de la caligrafía y la tinta utilizadas para completar las letras de cambio (firmadas en blanco por el deudor). En este último caso, “hemos tenido éxito cuando llenaron los documentos con dos colores diferentes de tinta, pero últimamente los coyotes se cuidan mucho de cometer ese error”, dice.

Lucero suele utilizar, también, la figura legal conocida como “prescripción por posesión”. A través de ella, una tercera persona, generalmente algún familiar, declara habitar en la propiedad por más de 15 años (plazo fijado en la ley para solicitar la prescripción de un contrato de compraventa).

Las soluciones a los litigios, sin embargo, suelen aparecer por casualidad. Francisco Guapinaula, de 40 años y cinco hijos, está a punto de salvar su terreno en la parroquia San Juan, de Gualaceo, porque hay errores en los linderos señalados en la escritura.

El hombre solicitó un crédito por ocho mil dólares para viajar a Estados Unidos en el 2001. “No lo hice por ambición, sino para pagar la deuda de otro hermano que se fue un año antes y no volvió a aparecer. Quería ayudar a mis veteranos que sufrían porque la chulquera los venía a molestar, a decirles que ya tenían que salir de la casa”, relata el hombre que, actualmente, se dedica a la venta de helados.

Para el viaje del hermano, los padres efectuaron un contrato de compraventa por una pequeña casa de adobe de seis metros cuadrados de contorno. Para el suyo, que nunca pudo concretarse porque fue devuelto al país, Francisco “vendió” el terreno de menos de una hectárea con una casita de madera.

“Luego ella empezó a molestarme, se metía en la casa y me dejaba papeles amenazándome”, recuerda él. La mujer lo demandó; Guapinaula solicitó la “reconversión (devolución)” del terreno. “Parece que se asustó”, asegura, “porque no ha regresado por aquí”.

Las notarías
El defensor del Pueblo del Azuay, Luis Urgilés, señala que la legislación vigente contra el delito de coyotaje no establece sanciones para toda la cadena del delito: traficantes, chulqueros, enganchadores (los que reclutan potenciales clientes) e incluso, a los notarios y registros de la Propiedad que avalan las transacciones.

Dos notarios de Cuenca que prefirieron mantener sus nombres en reserva señalan que no hay forma de saber de qué naturaleza son las transacciones registradas en sus despachos, muchas de las cuales llegan certificadas por juristas, aunque si existen sospechas de coyotaje pueden negarse a tramitarlas.

“Pero todos son cómplices”, refiere Urgilés. “¿Cómo no darse cuenta que una misma persona acumula bienes?”, cuestiona.

Este Diario revisó las primeras 610 hipotecas inscritas en la Registraduría de la Propiedad en Cuenca en el 2004; en 240 de ellas fueron concedidas a favor de personas naturales. Diez de estas personas aparecen como beneficiarias de por lo menos diez hipotecas cada una; la extensión de los terrenos prendados  oscila entre 60 y 500 metros cuadrados; la mayoría de los casos incluye una pequeña vivienda de un piso.

El negocio de los prestamistas y coyotes, sin embargo, no es acumular propiedades para lucrar de ellas. “Las utilizan para extorsionar a los migrantes”, advierte Pablo de la Vega, director del Centro de Derechos Humanos Segundo Montes Mozo.

El abogado Andrés Vásquez, especialista en leyes migratorias, explica que la Ley Notarial obliga a los notarios a leer a viva voz el acta. “Tiene que estar completamente seguro que las partes comprenden plenamente de qué se trata el contrato; y verificar que gozan de las facultades legales para hacerlo”, señala.

Asimismo, continúa, los registradores de la Propiedad solo inscriben documentalmente la historia de los bienes de un cantón. Para ellos es más difícil conocer los casos en que los prestamistas se aprovechan de sus deudores.