Domingo 17 de julio del 2005 El Gran Guayaquil

Ley de inquilinato no contempla depósitos anticipados

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La oferta de alquiler es reducida en la ciudad. Eso hace que los dueños de inmuebles impongan una serie de condiciones.

La respuesta de la persona que contesta el teléfono para informar sobre el anuncio de un departamento en arriendo es directa. “Cuesta $ 300 mensuales. Debe dar dos meses de depósito y uno de adelanto. O sea, me da los $ 900 y el departamento es para usted...”

La condición fundamental que impone el dueño de casa para alquilar cualquier tipo de vivienda es el anticipo económico, por lo general el equivalente a tres mensualidades. Sin embargo, esto no está contemplado en la ley y se convierte en un abuso, refiere la jueza 2ª de inquilinato, Katty Delgado Pacheco.

La jueza menciona que la Ley de Inquilinato está desactualizada y la relación entre arrendatario y arrendador se rige principalmente en base a acuerdos mutuos, en su mayor parte bajo las condiciones y precios impuestos al libre albedrío por el dueño de casa.

Menciona que eso origina inconvenientes posteriores, pues la gente, en su afán de conseguir un sitio donde vivir, acepta precios altos que luego no puede cancelar. Es así que de los 300 juicios que se sustancian en su despacho en lo que va del año, el 80% son por falta de pago de arriendos. Igual sucede en los otros cuatro juzgados que funcionan en el edificio de la Corte de Justicia de Guayaquil.

No existe una ley que regule los costos de arrendamiento, por eso en los juzgados no se atienden reclamos por cobros excesivos. Tampoco se regulan las alzas anuales que los propietarios efectúan. La jueza destaca que aquello se dio únicamente en el gobierno de Gustavo Noboa, quien dictó un decreto que congelaba el precio de los arriendos por dos años, del 2000 al 2002.

Sin embargo, menciona que el inquilino puede pedir una fijación de precios en el departamento de inquilinato de la Municipalidad, pero son pocos los casos.

El alcalde Jaime Nebot indica que la única forma de combatir los precios elevados en los arriendos será ampliar la oferta de urbanizaciones. Mientras más acceso a comprar vivienda tenga el usuario, menos demanda de alquiler habrá y eso provocará una baja de precios.

La jueza Delgado explica además que el dueño de casa y el inquilino evitan promover demandas, pues son procesos de tres instancias, que llegan hasta la Corte Superior de Guayaquil y la Corte Suprema, con un recurso de casación.

Delgado dice que los inconvenientes que ella tramita tienen también origen en la crisis económica y no son solo de sectores pobres. “Hay demandas que provienen de Puerto Azul, donde los arriendos cuestan hasta $ 800”, afirma.

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