¿Qué es un periodista? Para contestar esa pregunta no es necesario recurrir a los manuales académicos. En el día a día, basta con retomar lo que plantea Javier Darío Restrepo, experto en ética: un periodista es un profesional que busca la verdad como un servicio a la comunidad y que por ese trabajo no goza de privilegios especiales sino que, al igual que el resto de ciudadanos, hace cola en el banco.

Una definición muy sencilla, pero que a la luz de lo que sucede, prácticamente no existe: los periodistas que vemos todos los días en pantalla, quienes nos ofrecen el menú de información con el cual desayunamos, almorzamos y merendamos están muy lejos de ese ideal de “servidores de la comunidad” que buscan “la verdad” y “hacen cola en el banco”. Por lo contrario, ejercen un poder que los lleva a cumplir papeles de oposición política, de tribunales de juzgamiento, de jueces morales. Mientras, las viejas prácticas se aprenden rápido: el ejercicio de poder requiere privilegios; el principal, estar considerados más allá del bien y del mal y no ser sometidos a principios legales que debieran ser universales.

Veamos los casos de esta semana. El primero fue el desenlace con muertos y heridos del affaire de los funcionarios deudores y morosos. A poco más de un mes, el gobierno de Palacio fue sometido a su primera crisis y a su primer desangre, básicamente por la acción de una prensa que estigmatizó las deudas sin beneficio de inventario y lo que es peor, las transformaron en un misil político para debilitar al Gobierno. ¿Por qué? No hay conspiración, solo inercia. Porque los medios (los televisivos, son la principal tribuna política) están jugando a ejercer el papel que en otros tiempos le correspondía a la oposición política. Lo interesante es que asume con exactitud la metodología que instauró León Febres-Cordero en los ochenta (durante el juicio político contra el ministro de Osvaldo Hurtado, Carlos Feraud Blum) y que ha predominado en nuestra democracia: acabar con el que se ponga enfrente, desprestigiarlo, debilitarlo hasta llevarlo a la ruina pública.

¿Se cumplió en este caso un “servicio público” de lucha en contra de la corrupción? ¿Fue un aporte para transparentar el ejercicio de la función pública?
Lo hubiera sido si se hubieran cumplido dos requisitos: 1) información exacta y contextualizada y; 2) equilibrio para no convertir el tema en campaña que solo acaba con la destrucción del “adversario”. En lo primero, se ha mezclado de todo: deudas al día, moras de buena fe, conflictos de negocios, moras de mala fe y finalmente deudas a la banca cerrada en manos de la AGD. Esta última clase de deuda es la única que inhabilitaría a un funcionario público de ejercer un cargo según la ley.

¿Lo demás? Representa una inexcusable invasión de la prensa en la vida privada de las personas, derecho al que no se renuncia por más funcionario público que pueda ser. Una invasión que además tiene un aire de abuso de poder e incluso de ilegalidad, ya que la vida económica de un ciudadano está protegida de miradas extrañas, a menos que el supuesto cometimiento de un delito obligue a revelarla.
El manejo mediático del tema ha creado un funesto precedente: los movimientos económicos serán utilizados de hoy en adelante como arma de ataque político.

Pero los periodistas de TV celebran el desangre del régimen como un triunfo.
Basta ver los noticieros del martes y miércoles, donde se contabilizaban las renuncias: el presidente de Petroecuador, el secretario de Comunicación, etcétera. En cambio, jueves y viernes, reporteros y comentaristas fueron por los que faltan: el Ministro de Economía, el Ministro de Relaciones Exteriores. Con razón Lucio Gutiérrez canta victoria y afila sus armas con afán. ¿La prensa televisada está alineada con el ex presidente? De ninguna manera, solo hace un juego que él aprovecha bien, al punto que el Banco del Pichincha se ve obligado a utilizar la estación televisiva con la que tiene vínculos para dar a conocer un comunicado para aclarar –entre otras cosas– que el presidente Palacio no es deudor.

En fin… dejemos estacionado un momento este tema para revisar un segundo caso. El jueves, durante la comparecencia de la cúpula policial ante el pleno del Congreso, el diputado Carlos González reveló que los teléfonos de dos periodistas de Teleamazonas, Milton Pérez y María Fernanda Zabala, estaban intervenidos, con lo cual el político pretendía demostrar que el espionaje se mantiene en este régimen.

La televisora cuyos periodistas habían sido mencionados abrió su noticiero nocturno con esta información, revelando el peso que otorgaba al asunto. Pero, además, Jorge Ortiz emitió una nota editorial para exigir el inmediato fin de tales acciones que atentan contra el libre ejercicio del periodismo. Imposible no sumarse a la defensa de principios y rechazar el ilegal espionaje en contra de periodistas, pero...

...El asunto tiene algunos matices si se contextualiza y clasifica la información. Veamos cuáles son los hechos: el Fiscal de Delitos contra la Vida, Henry Estrada, quien investiga la acusación de Patricio Acosta en contra de Óscar Ayerve, solicita al juez de la causa que ordene a la operadora celular Movistar que proceda a intervenir y grabar las conversaciones por celular de una serie de personas, entre ellos Milton Pérez y la asistente de Jorge Ortiz. La relación de estas personas con los hechos no es clara y ahí está lo cuestionable. Pero de otra parte, una medida de esta naturaleza está contemplada en el artículo 155 del Código Penal. Asimismo, la Constitución en su artículo 23, numeral 13, reconoce que el derecho a la privacidad de las comunicaciones puede ser limitado por una orden judicial. Entonces, quedan claras dos cosas: la intervención telefónica en este caso es cuestionable, pero su legalidad es –por lo menos– debatible , y segundo, la Policía (solo en este caso) no fue la autora de la intervención telefónica.

En esas circunstancias, el pedido de Ortiz es una exigencia legítima frente al abuso de una autoridad pero también puede interpretarse como la presión mediática sobre un juez para que revoque una medida que el periodista considera injusta.

Queda el tema de si el Fiscal y el Juez actuaron atinadamente al ordenar la investigación en contra de los periodistas de Teleamazonas. Y en ese punto todo se vuelve difuso porque no se ofrece una explicación clara. El canal, en cambio, sí tiene la suya: todo se debe a la entrevista que realizó Jorge Ortiz a Óscar Ayerve cuando este personaje estaba en la clandestinidad. Si es cierto, es algo condenable, pero también nos advierte sobre el hecho de que cuando los medios se ponen en la frontera de la legalidad al ofrecer sus pantallas y micrófonos a prófugos de la justicia, pueden quedar injustamente expuestos.

El asunto es muy peligroso, porque se está creando la situación de que la sociedad tenga que elegir entre proteger la libertad de prensa o impedir que se dejen en la impunidad delitos que involucran a políticos y personajes poderosos.
Y esto no es justo para nadie: la libertad de prensa al ser un principio sagrado e irrestricto debe ser ejercido con tanto cuidado y responsabilidad que se convierta en un servicio a la comunidad en la búsqueda de la verdad.