Las personas que voluntariamente retornen a sus países podrán volver,  pero en forma legal.

La secretaria de Estado española de Inmigración, Consuelo Rumí, recalcó ayer que los inmigrantes sin posibilidad de acogerse a las vías de regularización deberán dejar el país.

En una entrevista en el programa de radio ‘Ruedo ibérico’ de la cadena privada Antena 3, Rumí explicó que si esas personas abandonan España “voluntariamente no se les aplicará la sanción que les impida volver en algunos de los contingentes que se establezcan para sus países de origen”.

Las declaraciones de Rumí se producen una semana después de que terminó el proceso de regularización de inmigrantes abierto por el gobierno español, al que se han acogido casi 700.000 indocumentados, la mayoría procedentes de países latinoamericanos.

El gobierno anunció que, tras finalizar este periodo extraordinario, cualquier indocumentado que permanezca en el país sería expulsado.

Las expulsiones, señaló Rumí, “se hacen de manera totalmente discreta igual que se va a hacer con la persecución de todo aquel que no cumpla las normas”.

“Tenemos un plan de choque de Inspección de Trabajo y todas estas acciones se realizarán de forma discreta, teniendo en cuenta la situación y dando la oportunidad de que estas personas se acojan” a los principios de la ley para solucionar su situación, agregó.

Rumí añadió que el inmigrante que esté trabajando podrá utilizar la fórmula de la reagrupación familiar cuando renueve su autorización dentro de un año.

Sobre la devolución de personas de otros países, la funcionaria  insistió en que Marruecos acepta a sus nacionales, al “igual que otros muchos países”, mientras que con los que no hay acuerdo de readmisión “existe  un plan realizado por el gobierno, con distintos departamentos ministeriales”.
 

PLANES

INTEGRACIÓN
Expertos internacionales debatirán en junio próximo  en España la manera de integrar a los inmigrantes, cuyas conclusiones  servirán para el futuro Plan Estratégico de Integración del gobierno.

FONDO
La Secretaria de Estado recordó que el gobierno español ha dispuesto un  fondo de 120 millones de euros (unos 156 millones de dólares) para la acogida e integración de extranjeros.