Los negociadores del Senado aceptaron este lunes una propuesta de la Cámara de Representantes para que las autoridades estatales verifiquen si los portadores de licencias de conducir son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales, pero moderó otras propuestas para cambiar las leyes de asilo.
 
Las medidas de inmigración forman parte de un proyecto de ley para pagar por la continuación de las operaciones militares en Irak y en Afganistán. Sigue sin resolverse cuánto dinero adicional se requiere para la seguridad fronteriza.
 
Colaboradores legislativos, que hicieron declaraciones a condición de no ser identificados, dijeron que los negociadores aún no llegaron a ningún acuerdo sobre disposiciones que dediquen cuatro millones de dólares, respectivamente, tanto a una Academia de Especialización sobre Incendios, en Elko, Nevada, y para la limpieza ambiental en un sitio del Departamento de Energía en Nuevo México.

Asimismo se debate un proyecto en el Senado para contratar a 1.000 agentes fronterizos y otros agentes de inmigración y para comprar 2.000 nuevas camas para los detenidos.
 
Se han logrado acuerdos tentativos sobre 75.000 millones de dólares para gastos de defensa y la construcción de una nueva embajada en Bagdad.
 
La decisión no será definitiva hasta que la cámara y el Senado no sometan a votación lo acordado. La cámara podría votar esta semana pero el Senado no votará hasta que reanude sus sesiones el 9 de mayo.
 
Las restricciones migratorias cuentan con el respaldo de la Casa Blanca y podría ayudar a que el presidente George W. Bush obtenga respaldo para un programa de trabajadores temporales que según ha dicho incluiría a inmigrantes ilegales que ya residan en el país.
 
Sin embargo, el presidente de la comisión jurídica de la cámara, el republicano James Sensenbrenner, presionó para que se apliquen restricciones, destacando que necesitarían mejorar la seguridad fronteriza al margen de otras reformas migratorias.
 
Los gobernadores y las oficinas de vehículos motorizados se han opuesto a las propuestas para verificación de licencias de conducir porque sería muy costoso. Se quejaron que de aprobarse el plan los policías de tránsito se verían obligados a adoptar el papel de agentes de inmigración.