La denominada Ley Topo propone que en las empresas que registren utilidades, los trabajadores reciban anualmente dos remuneraciones básicas unificadas.

El capítulo 16 del proyecto de Ley de Racionalización Económica del Estado (denominado Ley Topo) prevé reducir la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

El Código del Trabajo vigente dispone que los empleadores o empresas distribuyan el 15% de las utilidades líquidas a sus trabajadores. El 10% de manera directa y el 5% en proporción a las cargas familiares (cónyuges, hijos menores de 18 años o con discapacidad de cualquier edad).

La Ley Topo plantea sustituir esa disposición por otra: disminuir la participación del 15% al 5% y, como compensación, los trabajadores recibirían dos remuneraciones básicas unificadas mínimas.

La forma, el medio y el tiempo de pago se establecerá -según el texto- tras un acuerdo entre las empresas y sus empleados.

El Gobierno tiene dos explicaciones para impulsar la reforma: fomentar la competitividad del sector privado e implementar una distribución “acorde a las nuevas realidades del Ecuador”, dice el proyecto enviado al Congreso.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, es más específico. “El tema es que apenas el 9% del total de trabajadores recibe utilidades. Lo que pretende la ley es que un mayor número reciba las utilidades, además a las empresas se les bajaría la carga tributaria”, afirma.

En el Ministerio de Trabajo no hay estadísticas nacionales sobre el reparto del 15% de las ganancias. Sin embargo, el departamento de Planificación registró que el año pasado hubo 11.455 empresas (alrededor de la tercera parte de las inscritas en la Superintendencia de Compañías) que informaron sobre sus ganancias generadas en el 2003.

El Banco Mundial sostiene que muchas empresas están exentas de esta obligación porque tercerizan al personal; de ahí que el organismo recomienda “eliminar las normas concernientes al reparto de utilidades”.

Gonzalo González, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, considera que “la reducción del porcentaje resulta interesante, pero no se puede generalizar una remuneración fija que no está atada a niveles de desempeño”, indica, refiriéndose a las dos remuneraciones que el Ejecutivo plantea como obligatorias en las empresas que generen utilidades.

Jaime Arciniega, dirigente sindical, rechaza la Ley Topo y advierte la movilización de los obreros, por considerar que “se atenta contra las conquistas laborales”. En enero pasado, la desocupación en Quito, Guayaquil y Cuenca se ubicó -en promedio- en el 11,5%.