La mayoría de reglamentos internos de la Cemento Chimborazo se creó entre 1987 y 1988. Desde esa fecha, solo dos se revisaron en el 2003. Pero, según la Contraloría, desde que el directorio formado por adeptos al régimen de Lucio Gutiérrez tomó el control de esta empresa, solo un reglamento se reformó: el de viáticos.

El informe de la Contraloría (con corte al 31 de mayo de 2004) determina que esa acción permitió que se cobraran ilegalmente $ 3.368 en viáticos, puesto que la resolución 002-2004 del directorio de la cementera no tomaba en cuenta las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

El directorio que adoptó esta resolución estaba presidido por Héctor Ballesteros, primo político de Gutiérrez y ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), y el ex candidato de Sociedad Patriótica a la prefectura de Chimborazo, coronel Francisco Fierro, quien era gerente de la cementera. Ambos fueron cesados.

Este directorio contrató una póliza de asistencia médica que cubría con un cupo de $ 10 mil a los directivos y $ 3.600 a los obreros, sin una explicación técnica. Luego, Fierro unificó el beneficio a $ 10 mil para todos los trabajadores.

Además, según la Contraloría, la empresa no cuenta con una auditoría de gestión que permita un adecuado uso de recursos. Desde hace más de un año se gestiona un estudio de la implementación de estándares de calidad ISO 9001; no se ha renovado la maquinaria ni se han puesto en práctica todas las recomendaciones de la Contraloría en materia de protección ambiental, efectuadas en febrero del 2004.

La Cemento Chimborazo es una empresa controlada por el BNF, que tiene el 99,7% de las acciones. La administración de Ballesteros logró tomar el control de la cementera con procedimientos que, según miembros del antiguo directorio, no eran los adecuados.

Incluso, una investigación está abierta en la Superintendencia de Compañías (SC).

En diciembre pasado, el interventor de la SC, Luis Rodríguez, dejó dos informes detallados con las irregularidades que encontró en la cementera. Sin embargo, este funcionario fue destituido en diciembre de 2004, y la SC no hace público el resultado de la indagación.

Los trabajadores de la compañía presentaron en febrero pasado a la Contraloría una serie de denuncias.

El informe de auditoría aún no pasa al departamento de Responsabilidades de la Contraloría, que determinará si hubo violaciones administrativas, civiles o penales.