Con la ironía que le caracterizaba, el sociólogo boliviano René Zavaleta solía decir que Ecuador es la parte de Bolivia que está al norte del Perú. Sus amigos ecuatorianos le respondían que Bolivia es la parte mediterránea ecuatoriana que está al sur del Perú. Cualquiera que fuera el punto de vista, lo cierto es que el sarcasmo servía para destacar la similitud de las dos sociedades andinas que, sin ser limítrofes y casi sin conocerse, comparten un sinnúmero de elementos comunes. Esas similitudes se expresan en aspectos positivos como la riqueza multicultural y la fructífera diversidad regional, pero también en las profundas fracturas sociales, en los altos índices de pobreza, en la exclusión de amplios sectores de la población y en la inestabilidad política.

Precisamente en estos días se han hecho evidentes esas semejanzas, cuando ambos países enfrentan problemas políticos que no solamente ponen en riesgo a instituciones básicas del régimen democrático, sino que en la práctica los han situado al margen del orden constitucional. En Ecuador, los efectos de la violación de las normas establecidas para la remoción y el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral no podrán resolverse con un simple acuerdo para nombrar a otras personas. Talvez ello pueda contribuir a bajar las tensiones políticas, pero dejará intocado el tema de fondo, que es la pérdida de vigencia de la Constitución y, en consecuencia, la ausencia de los elementos básicos del estado de derecho. Así mismo, la renuncia del presidente boliviano y su posterior llamado a adelantar las elecciones no podrán solucionarse solo con la negativa ya expresada por parte del Congreso. En ambos casos se trata de problemas profundos, y expresan la incapacidad institucional para resolverlos.

Es el orden político el que está cuestionado. A pesar de que en Ecuador se acudió al mecanismo de la asamblea para redefinir ese orden y en Bolivia estuvo vigente un acuerdo que le dio estabilidad por más de quince años, en ambos países resulta evidente el divorcio entre las conductas de los actores políticos y las disposiciones institucionales. A fuerza de erosionarlas y de sobrepasarlas, las reglas han perdido su capacidad para marcar los límites y los procedimientos del juego. El resultado inevitable es el encierro en callejones que como salida solo ofrecen la reforma integral del sistema político. Pero, a la luz de la experiencia ecuatoriana se puede asegurar que ese es apenas el comienzo de un círculo interminable en el que rápidamente pierden vigencia los cambios institucionales por los comportamientos sociales y políticos, para volver finalmente a la reforma como mágica solución.

Bolivia se prepara, también con asamblea de por medio, para recorrer ese camino. Desgraciadamente, considerando las orientaciones y las actitudes de quienes encabezan las protestas, es poco probable que ese orden dure más tiempo que el necesario para bloquear un camino. Convendría que la parte ecuatoriana del sur mirara a la parte boliviana del norte del Perú antes de embarcarse en aventuras innecesarias.