Pugna por indemnizacionesA más del dolor por la pérdida de sus seres queridos en los atentados terroristas del 11 de marzo del 2004 en Madrid, algunas familias ecuatorianas enfrentan rupturas por el reparto de las ayudas económicas ofrecidas por el gobierno español a los parientes cercanos de las víctimas.

Un caso es el de la familia del cuencano Osvaldo Cisneros Villacís, uno de los seis fallecidos ecuatorianos. Sus hermanos Teresa y Luis Alberto, están en desacuerdo con que Alicia Romero Ortiz, pareja de la víctima, haya recibido la indemnización más significativa,  la  entregada por el gobierno español, que supera los 200.000 euros.

Teresa y Luis Alberto Cisneros, quienes viven en España,   admiten haber cobrado 73.000 euros correspondientes al seguro de la compañía de trenes Renfe (52.000) y a la ayuda que entregó la comunidad de Madrid (21.000), pero creen que su padre, Saulo Cisneros, debió recibir  la principal ayuda y han entablado una querella contra Romero.

Osvaldo, quien no tuvo hijos y tenía cinco años en España antes de los atentados, adquirió una casa con Alicia con quien no estaba casado.

Ahora el padre de Osvaldo quiere viajar a España para vender la vivienda que su hijo compró conjuntamente con Alicia, a quien el inmueble le pertenece en el 50%.

Don Saulo asegura  que existe presión de sus hijos mayores para que les entregue un nuevo poder y ellos encargarse de la venta de la casa.

Algo similar ocurre con la familia del guayaquileño Neil Torres Mendoza. Su esposa Lourdes Beltrán  cobró  más de 300 mil euros, lo que ha causado  rompimiento de sus relaciones con los hermanos del fallecido.

Lourdes, de 34 años, también fue víctima del atentado. y estuvo 16 días hospitalizada por lesiones en los oídos, fractura en un dedo de la mano izquierda, herida en el riñón y un golpe en el vientre. “Cuando hay dinero de por medio todo se complica”, afirma.

Lourdes y Neil tuvieron una niña, Lourdes Fernanda, quien tiene 2 años.

Amargura
Otro caso es el de la familia del ambateño Segundo Moposita, quien luego de tres años de permanecer en España murió en los atentados.

Su viuda, Lucila Condemaita, rememora con amargura el papel que jugó su cuñado, Alberto Moposita, en medio de la tragedia.

Asegura que Alberto, conocedor de las ofertas del gobierno español de legalizar a los familiares de las víctimas, viajó a Madrid con ella para repatriar el cuerpo. En  unas semanas consiguió ser reconocido como residente, se quedó en España y, dice, la dejó sola con los trámites.

Lucila, tras el funeral  en Ambato, volvió para tramitar la indemnización.

Con lo que recibió, no indica cuánto, expresa que canceló las deudas que  dejó su esposo por irse a España y logró terminar la construcción de su casa, donde habita con sus dos hijos menores de edad que tuvo con Segundo.