Por primera vez, a diferencia de otros procesos de regularizaciones, se examinan los antecedentes penales del país de origen del extranjero que pretenda beneficiarse con una residencia legal.

De ahí que a partir del 30 de diciembre pasado, cuando el gobierno español aprobó el proceso, inmensas filas de parientes, amigos o gente que tramitaba documentos de los emigrantes, se extendían en los alrededores de las oficinas de la Cancillería y la Policía para obtener el certificado de antecedentes penales.

Ello instó a las autoridades ecuatorianas a anunciar el desplazamiento de quince policías a España para entregar los certificados de antecedentes penales. El 3 de febrero, sin embargo, se informó que se suspendía el viaje de la brigada de policías, “en consideración a que actualmente en España tampoco existe la gran demanda ni las grandes filas que existían anteriormente”, dijo entonces el viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería, Héctor Falconí.

Sin embargo, las diferentes asociaciones de inmigrantes ecuatorianos en España reclaman la presencia de la brigada. “No es posible que nuestro gobierno nos ponga obstáculos para que resolvamos nuestra situación laboral en España.

Traer las brigadas policiales es combatir a la corrupción, pues actualmente el trámite en Ecuador para conseguir el récord alcanza hasta los $ 500”, dice un comunicado de la Asociación Pueblo Nuevo.

Las oficinas de Correo de Ecuador, a partir de hoy, instalarán dependencias junto a las de la Policía y la Cancillería, donde se tramitan los documentos de los emigrantes, para agilizar el envío de los mismos.