Hace un año abrí un restaurante de primera categoría en ambiente, presentación, servicio, sin embargo, después de invertir una cantidad muy considerable de dinero y cinco meses de operación, me vi obligada a cerrarlo.

La fuente de trabajo que había creado para catorce personas se esfumó junto con los sueños de quienes allí trabajaron. Cerramos porque mi esposo y yo fuimos tratados como dos extranjeros (aunque soy ecuatoriana) “con mucho dinero”, según la creencia de ciertos empleados de empresas de teléfonos, electricidad, de departamentos de salubridad...

Nos quisieron extorsionar sacándonos dinero por cada paso que daban cerca de nuestro lugar, por ejemplo, para arreglarnos el teléfono que se nos dañaba casi todas las semanas; y como eran dos lugares para los cuales usábamos electricidad, en nuestra residencia se dejaron acumular más de seis meses de consumo de energía.

Cada vez que pagábamos por el servicio, solo nos cobraban unos siete u ocho dólares, porque nunca iban a leer el medidor, pero luego nos querían cobrar (coimas) para no desconectarnos el servicio, aunque siempre les dije que simplemente debían cortarlo.

O cuando llamaba a la compañía de teléfonos, siempre decían que ya la cuadrilla había salido, y si yo iba a sus oficinas encontraba a alguien que me “podía arreglar” el problema por cuarenta o cincuenta dólares. ¿Cómo puede trabajar un restaurante sin tener comunicación para reservaciones, ofrecer servicio de internet a los clientes, etcétera?

Claro que escribí cartas de protestas que tenían eco en los medios de comunicación, pero de qué nos servía quejarnos si las compañías de servicios que emplean a inmorales no pueden a ellos comprarles sus renuncias porque tienen años trabajando con ellos?

Y la cosa, así seguía y seguía. Después de todo, el resto del pueblo trabaja para tercerizadoras y estas se quedan con los beneficios del mismo.

Mi sugerencia para ayudar a combatir la corrupción es que deroguen la ley que dice que todo trabajador debe recibir ingentes sumas para comprarles sus renuncias; se debe especificar que esto sería solo para empleados públicos o trabajadores de compañías que están politizadas, pues son prácticamente los únicos que hacen la vida imposible a los comerciantes cuyos negocios tienen que ver con la industria del turismo, que será la salvación del Ecuador; porque de lo contrario seguirán extorsionando a dueños de restaurantes, cafés, etcétera. Cuando eso se haya hecho, muchos ecuatorianos que viven fuera y sueñan regresar, podrán hacerlo, y con el esfuerzo de sus actividades, crear dentro del país fuentes de trabajo que tanto se necesitan.

Otra solución sería despolitizar todas las compañías que prestan servicios básicos como agua, luz, teléfono, incluyendo instituciones financieras, seguro social..., privatizándolas y creando un centro único al cual los usuarios pudieran ir a quejarse sin necesidad de abogados o intermediarios.

Graciela G. Wakefield
Guayaquil