La reciente marcha liderada por el alcalde Jaime Nebot reabrió el tema de las complejas relaciones entre el gobierno central con el gobierno local, en general, y en particular, con el de Guayaquil, así como la figura de la autonomía como una fórmula de solución. Mal haría el Gobierno en ignorar esta problemática; como mal ha hecho en tratar de minimizar y subestimar a la mencionada manifestación poniéndose a discutir los metros cuadrados de la Av. Nueve de Octubre. Y es que aquí subyacen problemas más profundos que este.
Todo lo contrario. El Gobierno debería aprovechar la oportunidad que trae todo conflicto como este para no solamente evitar que el mismo crezca –cosa ya de por sí loable– sino también para abrir un diálogo serio, casi histórico, con respecto a la construcción de un nuevo paradigma de las relaciones entre el centro y la periferia en el Ecuador. Para un Gobierno que ha demostrado tener un gran olfato de supervivencia política, no debería resultarle difícil dar pasos importantes en la consolidación de ese nuevo paradigma que ya no solo lo reclama Guayaquil sino el país entero.
Del modelo autonómico hay ya poco que pueda discutirse, aunque se lo puede seguir haciendo. Desde hace más de un década el asunto viene siendo estudiado, analizado y debatido. Afortunadamente hay otras naciones que han adoptado esta u otras fórmulas similares, con buenos resultados. Sus experiencias, con aciertos y errores, deberían ayudarnos a no equivocarnos en el camino que escojamos. En nuestro caso ha quedado claro, por ejemplo, que es impensable un esquema autonómico en el que las provincias de mayor desarrollo no contribuyan, junto con el gobierno central, a sostener las más pobres.
Lamentablemente, durante la última Asamblea Constitucional el proyecto de autonomía no tuvo la suficiente votación, pues, extrañamente uno de los partidos de mayor peso político se retiró de dicho órgano justo cuando el asunto iba a votarse en segunda. Otra gran oportunidad se presentó con el proyecto de reformas constitucionales del anterior presidente de la República. Oportunidad que se perdió, pues, el proyecto fue ignorado por nuestra partidocracia, y su autor, para variar, vive ahora en el exilio.
A pesar de que el modelo de autonomía no se logró plasmar en la Ley Suprema, lo que sí pudo aprobarse fue el art. 226. Dicho artículo introduce un novel mecanismo de descentralización. Toda competencia es transferible a los gobiernos seccionales, excepto cuatro: defensa y seguridad nacionales; relaciones exteriores; política económica y tributaria “del Estado”; y el endeudamiento externo. A más de otras que la propia Constitución lo manda (justicia, legislación, Banco Central, etcétera). Todas las demás competencias (educación, telecomunicaciones, electricidad, gas, distribución de combustible, agua potable, carreteras, puertos, salud, etcétera) serán de obligatoria transferencia, junto con los recursos, a los gobiernos locales –que algunos olvidan que son también parte del Estado– cuando estos así lo soliciten y demuestren capacidad de gestión.
Este mecanismo parte del principio inverso del federalismo, representa una verdadera antesala a la autonomía y debe ser aplicado.